El artículo 25 de nuestra Constitución Política consagra el trabajo como una obligación social y lo reviste de una protección especial por parte del Estado.
El enunciado del artículo es claro y contiene un significado trascendental, fundamentado en el hecho que el Estado asume la responsabilidad de garantizar el derecho al trabajo de sus asociados. Pero la eficacia y el desarrollo de la disposición constitucional mencionada se queda en entredicho al correr la misma suerte de muchas normas de gran redacción y un importante alcance social pero que en el terreno de la práctica, se quedan cortas con una aplicación muy limitada.
Si miramos la realidad colombiana, nos damos cuenta que el derecho al trabajo de todos los asociados, de laborar en un empleo digno y que le proporcione a quien trabaje unas condiciones mínimas para su subsistencia, es un verdadero privilegio, y es ahí donde encontramos la respuesta a muchos interrogantes sobre la delincuencia y comportamientos delictivos. Los índices de desarrollo y crecimiento económico están directamente unidos a las cifras sobre oferta y demanda laboral. Con el fortalecimiento de la economía de una nación, su industria y comercio se desarrollan y aumenta su cobertura, por lo tanto hay más empleo, se incrementa la realización de proyectos industriales, comerciales, de servicios, turísticos, urbanísticos, que requieren mano de obra y se proyectan programas de inversión que van a satisfacer las necesidades de demanda laboral.
En consecuencia, es necesario que se implementen mecanismos a nivel gubernamental que estimulen la producción nacional, promuevan el desarrollo económico pero observando la inversión social y mejorando las condiciones de vida de los trabajadores colombianos. En ese orden de ideas, las actuales peticiones de nivelación y mejoramiento salarial de los docentes son justas y necesarias.
Igualmente se deben generar desde el Estado, importantes incentivos que permitan que la iniciativa privada colme los requerimientos de expectativas laborales en un porcentaje significativo. El problema de la falta de oportunidades laborales se hace más evidente en núcleos urbanos como Popayán, donde hay una serie de elementos multicausales como el fenómeno del desplazamiento masivo hacia la ciudad, poca industria, una mentalidad rentista de capital ocioso en los bancos entre otros, que han incidido para que nuestra ciudad tenga unos índices altos de desempleo.
En general el derecho al trabajo ha sido muy bien concebido en la norma, pero su aplicación no ha sido efectiva. En consecuencia, el Estado debe darle vida y materializar en la práctica lo consagrado en sus normas jurídicas, para evitar que estos sean solo enunciados llenos de buenas intenciones, un saludo a la bandera.
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