FELIPE SOLARTE NATES
Si las fuerzas vivas del Cauca (gobernación, alcaldías, congresistas, gremios productivos y comunitarios) se hubieran unido y manifestado local, regional y nacionalmente protestando por el retraso en el inicio de las obras con la misma vehemencia con que lo hicieron cuando un grupo de jóvenes Misaks tumbaron la estatua de Belalcázar, hace rato estaríamos viajando rápida y seguramente por la doble calzada Popayán- Santander de Quilichao.
Inventando excusas para retrasar durante más de 5 años, el inicio de las obras, la firma de ingenieros Solarte pide que les liquiden anticipadamente el contrato, exigiendo $200.000 millones de indemnización, alegando razones de orden público, demora en negociaciones de predios con las comunidades y trámites de licencias ambientales, por las que culpa al Gobierno.
Así quedó expuesto después de reunión ampliada sobre Concesiones viales en el Cauca, citada por el gobernador del Cauca, para tratar acerca del trámite y ejecución de diferentes proyectos viales con recursos nacionales que se ejecutan y planifican en el departamento. El evento presidido por el gobernador Elías Larrahondo y con presencia del senador Temístocles Ortega, el representante Faber Muñoz, diputados, alcaldes y concejales de varios municipios, dirigentes de comunidades étnicas y campesinas, de gremios empresariales y de ingenieros del Cauca, contó como invitado especial al director de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Manuel Gutiérrez, quien denunció la convocatoria de un Tribunal de Arbitramento por parte de los contratistas Solarte, con el propósito de ganarse $200.000 millones con argucias legales y sin iniciar las obras. “Estamos exigiéndoles que cumplan el contrato o lo cedan”, ya que hay solventes empresas internacionales interesadas en construir los cuatro tramos en que dividió la construcción de la doble calzada Quilichao-Popayán, cuyo contrato se firmó solemnemente en el parque Caldas, hace más de cinco años, y hasta ahora sólo hay una gigantesca valla promocionándola.
Gutiérrez anunció, que la ANI hará trámites técnicos y jurídicos para evitar liquidar el contrato, porque de hacerlo, significaría: además de pagarles $200.000 millones, mayor demora, al deber adelantar nuevos estudios y licitación, lo que retrasaría la construcción de la doble calzada que agilizaría transporte de personas y mercancías entre el interior del país y el puente internacional de Rumichaca.
Representantes de comunidades campesinas, indígenas y afros, manifestaron que no se oponen a la obra pues sólo requieren pequeños ajustes técnicos, sobre ubicación y mantenimiento de fuentes de agua, acueductos rurales y sus redes. Funcionarios de la ANLA expresaron que no hay mayor problema para ajustar rápidamente licencias ambientales, por lo que las excusas de los contratistas quedan sin fundamento.
El alcalde de Popayán Juan Carlos López, se mostró indignado ante la actitud dilatoria y desmesurada exigencia económica de los contratistas, e hizo un llamado a todas las fuerzas vivas del Cauca para unirse en defensa de esta importante obra.
Los hermanos nariñenses Carlos y Luis, egresados de la facultad de ingeniería civil de la universidad del Cauca, en 1966 fundaron la empresa que entre sus primeros contratos, en el departamento del Cauca, construyeron la vía Balboa-Argelia, según recordó el senador Temistocles Ortega. Después de crecer y contratar grandes vías regionales y nacionales, esta empresa afronta problemas legales, por su vinculación a los sobornos relacionados con el escándalo de Odebrecht y además por divergencias entre socios y familiares a raíz de la repentina muerte de Luis Héctor.
Ante sus líos judiciales y problemas internos han tenido dificultades para que el sector financiero apalanque el proyecto de la doble calzada Quilichao-Popayán. Además la empresa adelanta un litigio con el municipio de Popayán, por obras construidas durante la alcaldía del hoy senador Luis Fernando Velasco y cuyo monto supera los $100.000 millones. Las excusas para no iniciar la obra y su demanda ante el Tribunal de arbitramento son analizadas como una argucia leguleya para ganarse en el escritorio los $200.000 millones, sin importarles los perjuicios que causan a comunidades y economía del país y especialmente de los departamentos del Valle, Cauca y Nariño que deben transitar por pésimas vías y además no pueden dinamizar la comunicación y el comercio con el Ecuador al verse obligados a transitar por el cuello de botella de la carretera Panamericana que comprende el trayecto entre Santander de Quilichao y Pasto, pues avanza a buen ritmo la construcción de la doble calzada Pasto-Ipiales.