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EDUARDO NATES LOPEZ
Por sugerencia de un amigo abogado tuve acceso a un interesante artículo de la revista Ámbito Jurídico, correspondiente a la primera quincena del mes en curso, en el que mencionan el “Activismo Judicial” como una especie de tendencia, en las decisiones judiciales, a mostrar alguna deferencia hacia autoridades políticas que (a diferencia de las judiciales) cuentan con un respaldo de tipo democrático. La tesis la ha desarrollado el abogado, filósofo y catedrático español Manuel Atienza, quien tiene un Doctorado en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid y más de diez doctorados “honoris causa” de universidades de alrededor del mundo.
Al parecer, esta expresión (judicial activism) tuvo su origen en Estados Unidos desde 1940 pero comenzó a adquirir un sentido peyorativo a partir de 1950, para señalar a jueces y magistrados que puedan estar entrando a pertenecer a (para no decir “cayendo en”), esta “escuela” de decisiones judiciales que muestran cierto giro respecto al eje vertical de la justicia pura. Dice, en un aparte de su artículo, el doctor Atienza que: “Un juez activista es el que decide una cuestión jurídica de acuerdo con sus opiniones de lo que es justo, aunque ello suponga transgredir los límites fijados por el Derecho.”
Por supuesto, el artículo conduce a unas profundidades jurídicas y filosóficas desarrolladas en él, que rebasan mis capacidades y conocimientos sobre el tema, pero no deja de llamarme la atención la oportunidad en que aparece el escrito del destacado jurista, coincidente con lo que está pasando aquí en este país, con dos situaciones que podrían ser típicas de este concepto: 1. Las actuaciones y decisiones de la JEP que tienen al país entero en vilo. Y 2. La decisión de la Corte Constitucional, la semana pasada, sobre los dos artículos del Código de Policía que nos protegían del espectáculo sin vergüenza que llegamos a presenciar en parques y zonas de esparcimiento público con el consumo de bebidas y sustancias psicoactivas, en ejercicio del “libre desarrollo de la personalidad” de los desvergonzados consumidores…
Y asomándose por otra ventana al mismo tema, vemos cómo termina acomodándose dentro de esta misma tendencia -que parece no solo ser propia de este país- el hecho que seguirá siendo, para mí, absurdo y aberrante, de la admisión del narcotráfico como delito conexo con los delitos políticos. Si bien esta no fue una decisión judicial sino política, sumergida dentro de las aberraciones de las negociaciones de la paz, puede decirse que tuvo una motivación coincidente, pero en sentido contrario, para que, cuando llegaren a la justicia estos casos, ya estuvieran previstos dentro de la temática cobijada por el “activismo judicial.”
Para completar el cuadro anterior, podemos ver también cómo transcurre en el mismo escenario el exótico derrotero del hoy “Honorable Representante a la Cámara” Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich” que parece haber concluido ayer, con el “glorioso” arribo al Salón Elíptico del Congreso Nacional. Teniendo en cuenta los “vasos comunicantes” que irrigan estos sucesos es inevitable deducir que todo está orquestado bajo el mismo principio del mencionado “activismo judicial”. El, por fortuna, expresidente Santos, indudablemente avezado conocedor de estas “escuelas” internacionales, jugó estas cartas con la maestría que se le reconoce y, sin ninguna vergüenza, ha dejado al país estupefacto y sufriendo las consecuencias de sus ambiciones políticas que sin duda trascendieron los linderos patrios y llegaron a las “grandes ligas internacionales” como la Academia Sueca, adjudicadora de los premios Nobel, quienes, no se sabe si ingenua o estratégicamente, siguen convencidas de que este país está hoy en absoluta paz, gracias al “Héroe y Patriota” Juan Manuel Santos, sus hábiles colaboradores y sus ingenuos seguidores.
Son inmedibles los retos que en términos de reformas -política y judicial- debe encarar este gobierno y seguramente otros gobiernos que están viviendo cada uno a su modo, estas aberraciones de los sistemas democráticos. La vergüenza y la desesperanza que estamos sintiendo y expresando la mayoría de los colombianos de bien, son testimonio incontrovertible y causa irrenunciable de que tenemos que hacer un giro en el rumbo del país.
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