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SANTIAGO ZAMBRANO SIMMONDS
La opinión pública ha sido testigo de decisiones de funcionarios públicos que aunque legales por su resultado e impacto a la población la ofenden. Hoy no quiero citar temas nacionales como el “carrusel de las pensiones” si no dos temas locales que nos conciernen:
1. En 2.009 al entonces Presidente de la República se le advirtió la inconveniencia de entregarle la operación del servicio de energía a la empresa Compañía de Electricidad del Cauca (CEC) básicamente por las condiciones en que se había constituido esa empresa; por los manejos oscuros que le estaba dando la Superintendencia de Servicios Públicos (SSPP) a la entonces intervenida Cedelca y sobre todo que con esa decisión estaba privando al Cauca de su mejor herramienta de progreso. Escribí en un febrero de 2.009 lo siguiente “…acuso al gobierno central de no defender al departamento del Cauca y sus gentes, asimismo como ciudadano lo hago responsable de las consecuencias económicas de este contrato y del daño que se le ocasionará a la población caucana por una empresa que lo único que le importa es el dinero”.
Debo recordar que en ese momento mencioné que el mayor accionista de la CEC era una empresa panameña abierta con un capital de tan solo US$10.000 dólares, y que su representante legal tenía varias empresas en paraísos fiscales, todo esto fue antes de los “Panamá papers”. Pues bien, con los años su representante legal salió involucrado y detenido por escándalos en varias regiones de américa. Aquí en Colombia lo fue con Odebrecht pues a través de una de sus empresas Coast Helicopter Inc se le giraba el dinero a Otto Bula, y en Panamá él terminó confesando, después de otro escándalo que era un “prestanombre” de la tristemente célebre firma de abogados Quijano & Abogados.
Además advertí, por sospechoso, que los otros accionistas y la mayoría de los miembros de la Junta Directiva de la CEC habían sido recientemente contratistas del gobierno, que eran muy cercanos al Ministerio de Minas y la Supeservicios, configurándose lo que después se denominó la puerta giratoria.
Pues bien, como es sabido la CEC efectivamente fracasó, le quedó grande prestar el servicio de energía y a la Superservicios a los pocos meses le revocó unilateralmente el contrato. Luego la CEC convocó al tribunal de arbitramento y Cedelca, ya no intervenida, fue condenada a pagar una cifra superior a los 50.000 millones que según su apoderada a la fecha supera los 100.000 millones. Cedelca por su parte, puso una demanda en el contencioso para el reconocimiento y pago de los perjuicios generados.
Pues bien hace unos días oímos en “La W” a la apoderada de la CEC irse lanza en ristre contra el juez 4 Civil del Circuito de Popayán Víctor de la Torre por haber admitido la demanda de Cedelca acusándolo de prevaricar y poniendo sobre el togado un manto de duda sobre su honorabilidad.
Pues bien ésta apoderada tal vez no conoce que lo hecho por la Superintendencia de SSPP con Cedelca fue un vulgar y descomunal torcido, que nunca se esclareció por nuestra miedosa dirigencia política y de los entes de control locales a saber: Procuraduría, Fiscalía y Contraloría General, tal vez temerosos de pisar callos en Bogotá.
Lo que más ofende es que al Cauca lo condenaron a no tener su mejor herramienta de progreso tanto así que después de nueve años no hay en marcha ningún proyecto encaminado a la generación de energía y que ahora, si no se hace el cruce de cuentas, Cedelca tendrá que pagar según esa abogada una cifra superior a los 100.000 millones que pagaremos todos los caucanos y no el entonces Presidente de la República, ni su Superintendente de Servicios ni sus contemplados. Claro que eso ofende.
Solo resta darle una voz de aliento al Juez para que imparta justicia en un tema de gran injusticia con el Cauca.
2. El Alcalde acaba de cerrar una licitación por 28.000 millones para reparar 19 colegios y según los pliegos, el proponente debía cumplir con varios requisitos entre ellos tener un capital de trabajo de $14.000 millones y que en tres contratos debería certificar 28.000 millones en edificaciones. La Asociación Caucana de Ingenieros le hizo ver que con esa exigencia sacaba a toda la ingeniería del Cauca, pues nadie tiene esa experiencia.
Pues resultó tal como dijo la Asociación se presentó un solo proponente. Uno no entiende como el Alcalde que subió al poder como el hijo del pueblo y de la base, priva a Popayán de darles la oportunidad a 19 ingenieros caucanos que con seguridad utilizarían el 100% de mano de obra local.
Esa concentración de la contratación en unos pocos, parece va ser lo que implementará nuestro Alcalde, pues ya viene otra licitación por 34.000 millones para arreglar algunas calles en la ciudad con los mismos requisitos excluyentes. Esa falta de voluntad de apoyar a los locales también ofende, así sea legal.
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