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El Estado ha desarrollado en ciudades y en diversos centros de población del territorio nacional programas de construcción de vivienda de interés social y de interés prioritario, para resolver uno de los más graves problemas sociales que padece el país desde hace muchos años: el déficit de vivienda.
Diversas administraciones presidenciales han adelantado planes de construcción de vivienda para los sectores más necesitados de la población y, si bien no se ha podido solucionar de raíz dicha falencia, hay logros que deben resaltarse.
En buen número de los programas de vivienda de interés social y de interés prioritario han surgido problemas de convivencia y seguridad ciudadana, pese a que el Estado ha procurado que en ellos haya equipamientos tales como espacios públicos, parques, etc.; pero impresiona el considerable número de conflictos que ha brotado en el seno de dichas comunidades.
Las dificultades de convivencia han sido temas críticos en tales lugares por el origen diverso de la población a la que se le han adjudicado unidades de vivienda, el variopinto mosaico de costumbres y hábitos de los pobladores, el concepto que cada cual tiene de lo que puede hacer en su vivienda y en áreas comunes, dando origen a hechos de intolerancia.
Adicionalmente, en algunos de estos espacios se han presentado problemas de inseguridad, peleas por control de territorio para el expendio de drogas, choques entre pandillas, ruido, conflictos por el manejo de mascotas, disputas entre vecinos y un largo etc. A ello se suman problemas citadinos tales como desempleo, pandillismo, drogas, etc.
El reasentamiento poblacional es un proceso lento, complejo y requiere constante acompañamiento social del Estado para lograr un clima de convivencia en comunidad, pues los programas de vivienda de interés social y viviendas de interés prioritario son fundamentales para el país, hay que atenderlos, evitar su fracaso. A los conflictos que en ellos brotan hay que buscarles solución, para que en esas comunidades haya bienestar físico, mental, social.
El Estado debe hacer presencia permanente en esos asentamientos a través de centros de salud, recreación, cultura, deporte, educación, unidades de justicia para solucionar pacíficamente conflictos entre particulares, las comunidades y al interior de las familias, ya que dichos programas son básicos para la inclusión social de los sectores más desprotegidos de la población.
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