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El pasado 11 de octubre esta columna publicó una reflexión editorial sobre la multitudinaria marcha en favor de la educación superior pública, en la cual estudiantes universitarios y ciudadanía en general de Popayán no desentonaron, generando una oleada de caminantes por las principales vías de la capital caucana.
Le interesa leer… Editorial: Una marcha sin precedentes
Y no era para menos, porque ya es un hecho reconocido por toda la sociedad: la situación de la educación superior pública en Colombia es crítica. Las universidades públicas en Colombia están en serios aprietos. Según lo informado por el Sistema Universitario Estatal (SUE) conformado por los centros de educación superior del país financiados por el Estado; la situación es verdaderamente preocupante, y así lo han hecho saber a través de múltiples llamados, cartas, y comunicados, en donde han pronunciado su inconformismo por la forma en que los políticos, les han sacado el cuerpo a las universidades, pues además de comérselas algunos, han reducido considerablemente sus presupuestos.
La razón, dicen los conocedores, es la aplicación del artículo 86 de la Ley 30 de 1992, que estableció una asignación del presupuesto que no se compadece con el real crecimiento en la atención de la población estudiantil, de modo tal que hoy la educación pública está completamente desfinanciada.
Según Jairo Miguel Torres Oviedo, presidente del Sistema Universitario Estatal, actualmente hay un faltante de 3,2 billones de pesos necesarios para el funcionamiento de las universidades y cerca de 15 billones de pesos para inversión en infraestructura.
Hay situaciones tan críticas que, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Bogotá, la más grande del país, varios de sus edificios están en estado tal de deterioro, que no pueden ser utilizados, pues pueden colapsar en cualquier momento. De nada ha valido que hayan sido declarados bienes de interés cultural. En otras universidades públicas regionales el panorama es igual y además se hacen “maromas” para pagar a los docentes. En nuestra Universidad Industrial de Santander, la juiciosa labor del actual rector, Hernán Porras, ha logrado embellecer su planta física en el último año, en una lucha frontal contra la desidia estatal.
En Colombia, la inversión del Estado por estudiante pasó de 10,3 millones en 1996 a 5,3 millones en 2017, y mientras el presupuesto de educación, descontando inflación, creció solo el 2%, el número de estudiantes se cuadruplicó. Si a esto se suman las reformas en el sistema de distribución de regalías, que le restó presupuesto a ciencia y tecnología, es claro que el panorama para la educación pública es mucho más que lamentable.
Es hora de que el Gobierno ponga dentro de sus prioridades la inversión en la educación pública. Estas universidades, como la UIS, no solo son sinónimo de excelencia académica y el lugar de donde han salido muchos de los principales líderes de la región, sino que además son la única oportunidad de formación que tienen muchos de los jóvenes del país. Apostarle a la educación pública es apostarle al futuro de las generaciones, al desarrollo y al cierre de esa terrible brecha social que tanto duele en Colombia.
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