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Un dato escandaloso se conoció recientemente en el país. Según la Corte Constitucional, las acciones de tutela en Colombia, llegaron al número de siete millones desde el año 1992. Aunque para muchos que desconozcan el derecho y la importancia y el uso de dicho mecanismo en nuestro país, el dato pueda ser simplemente una cifra, aquello realmente significa, que, desde entonces, han sido siete millones de personas, a las que se les ha violado derechos fundamentales y han denunciado, siendo ello, algo lamentable y preocupante, teniendo en cuenta que los que denuncian siempre son una minoría.
Lo primero que hay que decir es que el derecho fundamental que más se viola en Colombia, es el derecho a la vida. Sin embargo, y como los muertos ya no pueden poner tutelas, a ese derecho categorizado como inviolable por la Constitución Política colombiana, se le suman el derecho a la salud, a la educación, a la dignidad humana, al trabajo, al culto, entre otras adquisiciones, que deberían ser inherentes a la existencia del ser humano, pero que, por cuenta de múltiples factores, entre esos el conflicto armado que azotó Colombia durante casi 60 años, ha habido una violación sistemática de libertades individuales, derechos, y normas, que hoy nos tienen como el segundo país más desigual de América Latina.
El incumplimiento de la norma de normas en Colombia, ha contribuido a que existan derechos fundamentales violados a diario, y es allí donde la tutela, se ha convertido en el argumento jurídico de más peso, para que el colombiano promedio, pueda luchar contra el mismo sistema, tal y como suele ocurrir en la salud con las EPS, en donde muchas veces hay que, en tutelar para acceder a un examen especializado, para la autorización de una cirugía, así como también, ante un despido laboral injustificado, o un caso de discriminación por cuenta de condición, origen, raza, entre otros.
La tutela, derecho de derechos ganado en la Constituyente del 91, en el marco de un nuevo modelo de Estado social de derecho y democrático, luego del desarme del grupo guerrillero M19, pese a los inconvenientes, a los miles de violaciones de derechos fundamentales, hoy se convierte en el arma más contundente de los ciudadanos, y aunque nos resulte preocupante, y un mal indicio el gran número de acciones de tutela; aquello también representa la importancia de la misma, en un país, que aunque firmó la paz con la guerrilla más antigua, seguirá siendo inequitativo, burocrático en lo que debería ser simple, y corrupto en casi todas las esferas del poder.
El hecho de pensar que una hipotética reforma a la justicia (necesaria), piense siquiera en eliminar la acción de tutela, es quitarle la única herramienta a millones de ciudadanos, que encuentran en ella, una esperanza y una forma de pelear por el mínimo vital de su existencia. Este país tiene que dejar de matar, pero a la vez, tiene que insistir en que la salud, el trabajo y especialmente la dignidad humana, son derechos que nadie nos tiene que arrebatar, así como nos arrebatan la vida. ¡Qué ironía!
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