Editorial: Sobre el fallo de la Corte

09:15 am 11-junio

Al tiempo que en el país crece el rechazo por el fallo de la Corte Constitucional que derogó dos artículos del Código de Policía sobre la prohibición de consumir sustancias alucinógenas y licor en parques y zonas públicas, en Popayán se informa casi a diario sobre los esfuerzos de la fuerza púbica en el desmantelamiento de bandas dedicadas al microtráfico que comercializaban toda clase de drogas en barrios periféricos con influencia en parques y hasta en zonas aledañas a colegios.

En la capital caucana, autoridades y ciudadanos se mostraron desconcertados frente a esta polémica decisión, al considerar que está en juego el sano ambiente de los niños y adolescentes.

Y es que en definitiva, estos dos artículos derogados buscaban frenar el descarado menudeo de todo tipo de esas sustancias, y además de licor, en los parques de nuestras ciudades. La norma multaba a los ciudadanos que consumieran sustancias psicoactivas o alcohol en espacios abiertos. La Corte Constitucional dejó sin vigencia ese enunciado con el argumento que vulneraba el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de expresión y el derecho colectivo al uso común del espacio.

En concreto, a partir de ahora, en la calle o en parques; en general, en el espacio público, los colombianos sí pueden consumir bebidas alcohólicas y drogas. De paso, el alto Tribunal derogó la facultad que tenían las autoridades para que pudieran decomisar la controvertida dosis personal; dejando en claro que la restricción no es razonable porque viola el derecho a la libre personalidad.




Para el ciudadano de bien, es preocupante que este tipo de decisiones se aproveche de las garantías constitucionales para permitir que un fenómeno como la drogadicción o el alcoholismo terminen copando estos espacios comunes, creando la posibilidad de afectar a los demás usuarios de los mismos.

Si algo se había percibido antes de la decisión de la alta corte, es que durante la aplicación de las normas, muchos parques y espacios públicos que estaban “secuestrados” por los consumidores de vicio volvieron a ser santuarios para la familia, para compartir con los hijos, con las mascotas, para leer y para actividades lúdicas. El miedo a la multa y a la aplicación de las normas alejó, durante ese tiempo, a los viciosos.

La decisión de la Corte Constitucional es un retroceso a la lucha frontal que hoy la sociedad debe librar contra el consumo y la comercialización de sustancias psicoactivas. Le quita dientes y manos a las autoridades. Y como ya dicen en las calles: no es posible que sea delito comprar una empanada en un parque y no lo sea el consumo abierto, vergonzoso, de vicio con el argumento que “el Estado no puede diseñar tu plan vida y se afecta el libre desarrollo de la personalidad”.