Editorial: Sobre contratistas y funcionarios públicos

08:25 am 23-noviembre

La Misión de Observación Electoral, MOE, llevó a cabo una interesante investigación, para desentrañar las razones por las cuales, tanto diversas empresas como personas naturales que son profesionales de diversas áreas del conocimiento, hacen jugosos aportes en dinero y en bienes para financiar las campañas electorales de determinados candidatos a cargos de elección popular.

El marco del estudio comentado fueron los comicios para elegir alcaldes y gobernadores llevados a cabo en 2015, en los que fueron ungidas las actuales cabezas de las administraciones municipales y departamentales. Si bien el punible ayuntamiento que hay entre contratistas y candidatos a dichas dignidades es vox populi en Colombia, y en cuanto tertuleadero hay sobre ello se cotillea, no por eso pierden interés las conclusiones del trabajo de la MOE, que corrobora que lo que se dice al respecto no solo es verdad, sino que se queda corto.

Tal vez por todo lo anterior es que se presenta la oleada de imputaciones a funcionarios públicos en el Cauca (aunque al parecer sucede en todos los departamento del país). En nuestra edición del pasado domingo informamos que son más de 50 casos en los que se ven involucrados funcionarios públicos, especialmente quienes fueron elegidos en las votaciones locales de 2015. A la fecha se han priorizado 25 casos donde ya se ha hecho la imputación, el resto está en proceso investigativo. Entre los investigados están alcaldes, exalcaldes, concejales, diputados y secretarios de despacho.

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Pútrido olor sale de muchos contratos celebrados por gobiernos municipales y departamentales con financiadores de campañas electorales, pudiéndose señalar que hay numerosos delitos cometidos por elegidos y aquellos que aportaron dinero para sus campañas electorales con el fin de transformarse en exitosos contratistas con el Estado.

En tal sentido, en la edición del pasado 11 de noviembre se publicó una relación de millonarios contratos entregados a quienes aportaron dineros a las campañas políticas de quienes hoy fungen como alcaldes. Hablamos de Inzá y Totoró, Estos dos municipios caucanos hacen parte de la lista de veintidós territoriales con mayor retorno en contratos públicos frente a donaciones recibidas en las elecciones locales de 2015, así lo dio a conocer la Misión de Observación Electoral.

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La investigación de la MOE saca a la luz algo que quita la respiración: es más rentable financiar campañas electorales que hacer oscuros negocios con estupefacientes, pues hay contratos estatales que multiplican por cuatro el dinero aportado a las campañas.

Y algo más, la Ley Electoral consagra que todo aquel que haga aportes por más del 2% del tope máximo a aportar a un determinado candidato está inhabilitado para celebrar contratos estatales con la entidad que encabeza aquel que fue financiado con sus aportes económicos. En el mapa de Cauca hay contratistas incursos en tal irregularidad.

Y algo más: en buen número de contratos hubo un solo proponente y/o falta de transparencia contractual.

¿Acaso será que se necesita expedir una ley que sancione estas conductas vergonzosas que llevan a cabo funcionarios estatales y empresarios que se presentan ante la sociedad como transparentes? No, en el voluminoso número de leyes vigentes, varias se pueden usar con el fin de sancionar severa y ejemplarmente tales procederes, pero para ello se necesita que haya voluntad de parte de quienes aplican la legislación.