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El desafío que tiene la administración Duque Márquez en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible es compleja, extensa. Abarca, entre otros, temas sustanciales como enfrentar la cada vez más aguda insostenibilidad socio-ambiental de los centros urbanos colombianos, la lucha contra la depredadora minería ilegal, cumplir con los compromisos adquiridos por Colombia en el Acuerdo de París sobre cambio climático, poner en marcha las recomendaciones de la Misión de Crecimiento Verde, revisar la institucionalidad ambiental, establecer políticas para la amenazada protección ambiental y la lucha por la preservación de los 59 Parques Naturales Nacionales terrestres y marinos y las áreas protegidas frente a los propugnadores y publicistas del interés individual, que luchan porque se haga explotación de minerales en varios sitios del país y en tales territorios, lo que destruiría y deterioraría una riqueza inmaterial que Colombia debe cuidar como un tesoro.
Las tendencias de destrucción y deterioro del medio ambiente se advierten y ponen en evidencia en el ‘Mapa de los ecosistemas colombianos 2017’ y genera alarma.
Esto solo se logrará revertir, si hay seria continuidad y disciplina en las políticas estatales a lo largo del tiempo.
El citado mapa pone en evidencia que entre 2016 y 2017 se han transformado negativamente cerca de 1’500.000 hectáreas de ecosistemas naturales.
Tal depredación debe frenarse ya. Buen número de los temas de medio ambiente no corresponden solo al Gobierno central y por eso debe aplaudirse la labor de diversas comunidades, de las ONG que velan por la conservación del medio ambiente, pero la ciudadanía en general debe adquirir conciencia y comprometerse más con este tema que es vital para la supervivencia de nuestra especie.
El otro propósito que no se debe perder de vista es el trabajo articulado entre el Estado, las empresas y la ciudadanía. Es un problema que nos involucra a todos.
La educación ambiental juega roles importantes. Por un lado los educadores deben contribuir a sensibilizar a la población respecto del peligro que significa habitar áreas de riesgo, y por otra, aprehender en conjunto sistemas y acciones de prevención. Porque es más vulnerable una comunidad que ignora o desafía el entorno en el que vive, que una consiente de los peligros que la acechan.
Asimismo la educación ambiental fomenta y fortalece los vínculos entre los vecinos, relaciones que juegan un papel esencial cuando se deben enfrentar situaciones de crisis. La organización de la comunidad y la relación que esta misma establece con las instituciones del Estado, la identificación de liderazgos claros y la definición previa de roles pueden salvar muchas vidas y aminorar ostensiblemente los daños.
Si el Gobierno nacional y el sector privado no toman en serio los asuntos mencionados, el resultado será aterrador y Colombia perderá una de sus mayores riquezas, el agua y gran parte de su biodiversidad.
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