Editorial: No más explotación sexual

08:50 am 06-agosto

Las capturas de dos individuos que obligaban a una jovencita de 16 años a que se prostituyera para de esta forma cobrar una supuesta deuda por asuntos de microtráfico, deben despertar una gran alerta en nuestra ciudad, en torno a posibles redes de trata de mujeres.

Sería pertinente a partir de esta coyuntura, que las autoridades policiales, judiciales y gubernamentales encaminaran sus investigaciones en busca de proxenetas, que se valen de la necesidad de jovencitas para encaminarlas a trabajar en prostíbulos o para trasladarlas a otras localidades del Cauca o por fuera del departamento (en especial en zonas alejadas y con poca presencia del estado), con la finalidad de que ejerzan la prostitución.

Operativos de este tipo se suman a operaciones conjuntas entre la Fiscalía General de la Nación, la Dijín, de la Policía Nacional; y Migración Colombia, donde se capturaron a 18 personas acusadas de ser proxenetas o de participar de una u otra forma en redes de prostitución, incluida la explotación sexual a menores de edad en Cartagena.

Aquel hecho que arrojó la judicialización de una mujer supuestamente cabecilla de esta red, consternó a la ciudad caribeña por la magnitud del problema y por la sensación de que aún falta mucho por desenredar, tanto allá como en muchas otras ciudades, incluyendo a nuestra capital, pero a la vez ha sido un gran alivio porque también es cierto que se dio un paso enorme y que las distintas autoridades siguen trabajando. Es decir, este es un paso importante, pero apenas es el primero.

La sensación de desasosiego que causaba la aparente impunidad de las personas envueltas en estas redes inhumanas y su facilidad para operar llegó a su fin al ver unas autoridades comprometidas y con las herramientas técnicas y humanas para hacer operativos como el ejecutado en Popayán.

Sobre el particular, la vicefiscal General de la Nación, María Paulina Riveros Dueñas, dijo que los jóvenes y la ciudadanía deberían perder el miedo a denunciar, y la verdad es que al dar prueba de su eficiencia con la investigación realizada, las personas arrestadas y los bienes incautados para aplicarles la extinción de dominio, las autoridades cambiaron la percepción de impunidad que predominaba y restauran la fe pública en las instituciones. Las penas en prisión, según la vicefiscal, podrían llegar hasta los 37,5 años.

Siempre hay la duda de si la Justicia será contundente, porque por diversos motivos, técnicos y no técnicos, lo normal es que la Fiscalía y la Policía detengan a hampones reconocidos, y al día siguiente estén en la calle muertos de la risa y más envalentonados que nunca, lo que desmoraliza a la ciudadanía y a las propias autoridades. De todos modos, animan las declaraciones de las autoridades en el sentido de que seguirán desvertebrando estas bandas.

Felicitamos a las autoridades y esperamos que no desfallezcan en este esfuerzo.