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El conflicto por tierras y jurisdicción, enquistado por ahora en la zona montañosa de Caldono y que día a día aumenta su violencia, es una mala referencia para la promocionada unidad de las organizaciones indígenas del departamento del Cauca y por ende está dejando una mala imagen, no solo ante sus propios coterráneos, sino también, para la comunidad internacional.
Recordemos que desde mediados de julio, los enfrentamientos cuerpo a cuerpo entre Nasas (paeces) y Misak (guambianos) por cinco fincas ubicadas en el sector de Ovejas, zona rural de Caldono, se han ido escalando, hasta llegar a literales batallas campales que ya llevan más de 30 heridos. La situación se complicó mucho más con la entrada del Esmad al territorio, lo que ocasionó nuevas confrontaciones violentas.
Dichas propiedades habían sido adjudicadas por parte del Gobierno Nacional a los Misak con la intención de darle apertura a un nuevo resguardo. Todo este proceso, que data desde comienzos del presente siglo, ha tenido ‘tira y aflojes’ que lo han dilatado ante la impasividad de los gobiernos de turno que solo actúa cuando las comunidades ejercen presiones con medidas de hecho, dejando que los problemas de linderos en la jurisdicción nativa crezcan hasta que se tornan insostenibles, tal como o vislumbramos por estos días.
El conflicto se profundizó con la visita y el compromiso del entonces presidente, Juan Manuel Santos al resguardo indígena Misak, ubicado en Silvia. Ese pasado 21 de julio, el mandatario dijo que no permitiría el desalojo de los guambianos y que aceleraría la formalización del resguardo, palabras que no cayeron bien ante los paeces, que las calificaron de irresponsables por estigmatizar a uno de los pueblos involucrados en el conflicto.
Es una lástima que la tierra siga siendo epicentro de luchas intestinas en nuestro Departamento, reconociendo las reivindicaciones ancestrales que hacen parte de una autentica cultura de la resistencia, con una historicidad y una cosmovisión propia que no puede ser confundida con los procesos de lucha campesina.
Sin embargo, dadas las dinámicas del conflicto actual por la tierra, los procesos de liberación pueden ser interpretados como un conflicto de raíz étnica que se entrecruza con conflictos de clase por la tierra.
Es necesario entonces que las comunidades indígenas, sea cual sea su origen étnico, jurisdicción o agremiación política propia, den ejemplo sobre convivencia y respeto en dirección hacia el resto de la sociedad de la comarca. Es pertinente que ambas comunidades lleguen a un acuerdo pacífico a fin que cesen los enfrentamientos y pueda brindarse, con supervisión del gobierno nacional, una solución a este litigio de predios y de paso, que se evite que el litigio avance a otras regiones de cordillera en el suroccidente del país, no solo entre pueblos indígenas, sino también con campesinos o negritudes.
Además, en un eventual proceso de negociación, las instituciones del Estado involucradas en este conflicto tienen que ser serias y respetuosas de las culturas y de las organizaciones indígenas. No le queda bien a los gobiernos de turno, quedar como elementos disociadores que parecieran estar dividiendo a los pueblos nativos para buscar réditos políticos, económicos o estratégicos.
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