Editorial: Este domingo diga “Siete veces sí”

08:15 am 25-agosto lEl tema de la consulta anticorrupción dio mucho qué hablar en el país durante casi un mes. Primero porque el Gobierno Duque retiró el proyecto que se le asemejaba, y segundo porque pese a la negativa del expresidente Uribe, algunos de sus copartidarios finalmente decididieron apoyarla. Luego con los ataques a través de las redes sociales a la consulta, con una serie de noticias falsas que intentaban menguar la importancia de esta acción democrática que va directo al corazón de la corrupción y por su puesto de los corruptos.

Así que superados todos esos escollos, lo que nos queda es insistir en la invitación a votar esta consulta popular, diciendo que esta no es solo para bajarles el salario a los congresistas; es para evitar la reclusión especial para condenados por corrupción y delitos contra la administración pública; es para usar ‘pliegos tipo’ para todos los contratos de las entidades públicas; para hacer audiencias públicas para el uso de los presupuestos, nacional, regional y departamental; para que los congresistas y demás ‘corporados’ rindan cuentas anuales de sus intereses y actividades, incluyendo sus recomendaciones de personas a cargos públicos; que todos los funcionarios elegidos estén obligados a presentar su declaración de bienes y de renta; y para no poder elegirse por más de tres periodos a una misma corporación de elección popular, bien sea al Congreso, asambleas, concejos y demás. Estas siete opciones pueden votarse individualmente, algunas a favor y otras en contra, sin invalidar el resultado final.

La consulta no es fácil de aprobar, ya que requiere 12.140.000 (doce millones, ciento cuarenta mil) votos. Los puntos de la consulta que llegaran a ser aprobados tendrían que ser implementados por el Congreso antes de un año y de no hacerlo este cuerpo, lo tendría que hacer el presidente de Colombia por decreto.

Recordarán los lectores mayores que en una época se discutía en Colombia que los salarios bajísimos del sector público en el país, comparados con los del sector privado, hacían que los mejores profesionales no quisieran trabajar en ninguna entidad del Estado. Se le atribuía a esta diferencia entre las cualificaciones de los servidores públicos y los ejecutivos privados, gran parte del atraso del Estado.

Actualmente un congresista en Colombia devenga 31 millones de pesos, más innumerables beneficios exagerados. Sin embargo, y pese a que senadores como Jorge Robledo, y el recién posesionado Gustavo Bolívar, reconocen lo alto de los salarios y han decidido donarlos, personajes como el presidente del Congreso, Ernesto Macías, manifestaron hace unas semanas que no están de acuerdo con dicho punto, pues según su postura, los congresistas son quienes más gastan dinero, principalmente en combustible para los vehículos. Aquella teoría ya había generado polémica en 2011, por cuenta de las declaraciones del expresidente del Senado, Juan Manuel Corzo, quien manifestara que su sueldo de 21 millones de pesos en ese entonces, no le alcanzaba para dichos menesteres. Eso hoy pareciera un absurdo.

El sentimiento generalizado, sin embargo, es que a los congresistas se les fue la mano al subirse a sí mismos los salarios y al adjudicarse demasiadas prebendas. Quizá si se creyera que su trabajo ha sido benéfico para el país nadie hubiera siquiera reparado en sus salarios, pero la opinión generalizada es que el Congreso es una cueva de Rolando, y los ciudadanos se aburrieron, pero ¿hasta dónde?

Lo sabremos mañana, aunque el país aún no demuestra que superó su apatía por hacerse sentir en las urnas. Ojalá que esta sea la excepción y haya una votación copiosa a favor de la consulta.