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Las Unidades de Reacción Inmediata (URI) son dependencias de propiedad de la Fiscalía General de la Nación; su función es alojar, por pocas horas, a las personas privadas de la libertad mientras se les adjudica el centro de reclusión en el que deben permanecer, es decir, son puntos de paso, no son aptas para que allí permanezca alguien en condición de detenido durante semanas e incluso, meses.
Sin embargo, Colombia arrastra desde hace más de medio siglo un déficit alto en materia de construcción de cárceles, hay un número insuficiente de ellas y como medida de urgencia se usa a las URI para que allí permanezcan mucho tiempo personas que están detenidas.
Eso provoca hacinamiento en las URI y como sus construcciones no tienen suficientes medidas de seguridad, de ellas se evaden reclusos, en ellas confluyen adultos, personas discapacitadas, seres con trastornos siquiátricos; hay quienes tienen enfermedades de transmisión sexual, detenidos que padecen enfermedades contagiosas, extranjeros, etc. Las URI no tienen las necesarias condiciones de salubridad, el desaseo es resaltante, la batería de servicios sanitarios insuficiente, en fin, en su interior todo es dantesco.
Y Popayán no es la excepción. En nuestra capital, las carceletas de estas instalaciones judiciales ya superaron en más de 200% de su capacidad, lo que obligó a improvisar con unas instalaciones que se adecuaron bajo una carpa en los predios de la Estación Sur de la Policía Metropolitana, en la vera del río Molino.
En dicho punto, incómodo, desaseado e infrahumano, los aprehendidos, en franco hacinamiento, duermen uno al lado del otro, mientras otros cuelgan cobijas en forma de hamaca a fin de encontrar un espacio para pernoctar.
En estos momentos, y según las denuncias, hay más de 45 personas en estas condiciones, algunos de los cuales, el pasado martes, intentaron agredir al policía que los vigila al momento en que se repartía la comida.
La situación está al límite, no solo en el esta zona del barrio Bolívar, sino también en la misma URI, al sur de la ciudad, donde ya se han presentado intentos de amotinamiento debido a las insanas condiciones de reclusión.
Todo esto despierta zozobra en los barrios que circundan estos dos predios reclusorios. El miedo a que se presente algún motín violento es evidente entre residentes del sur de la ciudad y comerciantes de la zona del barrio Bolívar.
Es innegable entonces que las URI se convirtieron en parte del problema carcelario y de la crisis de seguridad pública del país, donde las cárceles no son realmente centros de rehabilitación sino escuelas del crimen, en las que hay una sociedad paralela que está fuera del control del Estado.
Los presidios (y como parte de ellos las URI) no son instrumento de disuasión para la comisión de delitos, no son centros de rehabilitación y de reinserción social. Así, en ellos todo está fuera de control.
El problema de las URI, en especial, crece día tras día, el hacinamiento agrava su crisis y cada vez es más difícil en su interior mantener el control y el orden.
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