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Si algo muestra el nivel de crisis de una sociedad es ver a quienes ostentan los cargos que debieran ser los más honorables señalados de ser delincuentes. Y lastimosamente esa imagen en el país dejó de ser algo excepcional.
Una de las mayores dignidades a las que podía aspirarse hace unas décadas era ser magistrado, pues tal cargo estaba reservado a una élite intelectual, que además de bagaje académico debía tener un actuar intachable.
Pero dolorosamente los escándalos que han acompañado a fiscales, jueces y magistrados de las más altas Cortes hacen pensar que la Justicia se encuentra en su más profunda crisis y que poco queda de su majestad. Y tal crisis es la prueba viva de la grave situación que afrontamos como país.
Por supuesto que tal realidad no puede predicarse de la mayoría de fiscales, jueces y magistrados, pues en el servicio judicial, desde los funcionarios municipales hasta las altas Cortes, hay verdaderos juristas que cumplen a cabalidad su misión, muchas veces en condiciones difíciles y haciéndoles frente a todo tipo de dificultades. Pero infortunadamente son varias las noticias de funcionarios judiciales implicados en escándalos de corrupción que no pueden tener recibo en nuestra sociedad. La última de ellas, la captura del magistrado Eduardo Castellanos Roso, integrante de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, acusado de entregar información reservada del caso contra Miguel Ángel Mejía Múnera alias ‘El Mellizo’.
Este magistrado tenía a su cargo varios procesos de exparamilitares que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz y, según la Fiscalía, habría recibido dinero a cambio de entregar a información a ‘El Mellizo’, un narcotraficante que se hizo pasar falsamente como paramilitar y que el año pasado fue expulsado de Justicia y Paz por la Corte Suprema de Justicia.
El exmagistrado será procesado por los delitos de revelación de secreto profesional, cohecho propio y soborno.
¿Será que algún día la justicia deja de proteger mediante la impunidad que engendra su incompetencia, el estado de postración crónico en el que permanece este país?
Es esta realidad la que hace que los colombianos no crean en la Justicia, pues además de la interminable mora judicial y de la impunidad reinante, queda claro que en este país hay delincuentes de primera y de segunda y que como dice el dicho popular, al final la justicia termina siendo solo para “los de ruana”.
La lucha contra esta forma de corrupción debe seguir sin descanso, sin importar quienes deban pagar por los delitos que cometieron o toleraron, porque una justicia corrupta causa pobreza, viola los derechos humanos, frena el desarrollo económico, atenta contra la democracia y sirve de apoyo al crimen organizado.
Urge una reforma a fondo de la Rama Judicial, que ponga fin a la Justicia comprada y en manos de jueces corruptos. Pero sobre todo urge que estos casos sean castigados con la mayor severidad, pues una sociedad que no puede confiar en sus jueces es, sin duda, una sociedad en el abismo.
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