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A mediados de la presente semana, el presidente Iván Duque, junto a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, presentaron las nuevas medidas que se aplicarán a la contratación del Plan de Alimentación Escolar, PAE, en todo el país. Además participaron los Ministerios de Educación, Salud, Industria y Comercio y Agricultura; el Departamento Nacional de Planeación; el Sena, las federaciones de municipios y departamentos, entre otros. Este anuncio fue paralelo a la enérgica solicitud de los gobernadores del país para que el gobierno nacional reasuma el PAE.
Recordemos que en el marco de la Asamblea extraordinaria de la Federación Nacional de Departamentos, los gobernadores del país manifestaron que han tenido que asumir más de $700 mil millones, para cubrir el hueco causado por la falta de recursos del gobierno nacional, los cuales se podrían invertir en la financiación de infraestructura y dotación para prestar un servicio de calidad.
Los mandatarios firmaron una misiva dirigida al presidente Iván Duque, con el fin de que se resuelvan de fondo los problemas de financiación, operación, cobertura y calidad del programa, afirmando categóricamente que el “Gobierno Nacional debe reasumir el programa”.
Retornando a la propuesta del Gobierno Duque, esta busca optimizar los recursos entregados para la alimentación escolar, la transparencia en su ejecución, la cobertura y la calidad en la prestación del servicio. Este programa beneficia a los estudiantes de las entidades oficiales de todo el país y muchas veces es la única opción de alimentación balanceada que tienen muchos niños.
Para lograr que el PAE se ejecute como debe ser, el Gobierno propondrá esquemas de contratación que reconozcan la diferencia entre ciudades grandes y pequeñas, de forma tal que el servicio para ciudades capitales y en departamentos en los cuales es posible estandarizar los tipos de alimentos y los servicios de ensamble y distribución se hagan con acuerdos marco administrados por Colombia Compra Eficiente. En los demás casos, se definirán estándares mínimos de contratación o pliegos tipo, para evitar el direccionamiento, como ocurre hoy.
Ojalá, esta directriz presidencia enfoque los esfuerzos de todas las instituciones para garantizar una adecuada alimentación a estudiantes de nuestro país. Es claro que las cifras de desnutrición en Colombia son verdaderamente dolorosas y preocupantes. Siendo así, si una sociedad que no puede garantizar la alimentación de los más frágiles, como son los niños, es una sociedad que ha fallado en sus principios básicos. Garantizar la alimentación de los niños en sus primeros años de vida es una obligación de cualquier Estado, que como el nuestro se supone sustentado en entidades creadas y programas creados para garantizar los mínimos básicos de subsistencia. Por eso programas como el debieran ser donde más vigilancia y transparencia existiera en el país y donde se generara la mayor indignación cuando se conoce cómo, tal y como ocurre hoy, están plagados de irregularidades y trampas que se traducen en raciones incompletas o insuficientes para las necesidades de los niños.
La noticia sobre la nueva regulación del PAE da una luz de esperanza de que se frene la corrupción en la adjudicación de estos contratos. El PAE se convirtió en un botín para los corruptos, que incluso los negociaban a nivel nacional. A través de disfraz de entidades sin ánimo de lucro, el Plan de Alimentación Escolar se convirtió en un paquete vendido a los políticos regionales, que convirtieron el programa en fuente de financiación incluso de campañas políticas. Eso sí, se extraña que dentro del paquete propuesto por el Gobierno no se haya incluido un régimen de inhabilidades para quienes hayan defraudado el PAE, pues hoy solo cambian de nombre sus empresas y siguen allí, como si nada. Y ojo que eso también pasa en el Cauca.
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