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El informe especial publicado por este diario sobre la urbanización ‘pirata’ en Popayán el pasado domingo, abre una polémica sobre cómo está crecimiento nuestra capital. En principio la investigación dejó al descubierto que el déficit de vivienda de interés social está alimentando un millonario negocio ilegal que expande, sin orden alguno, el cerco de lo urbano sobre lo rural. De esta forma de correr de apoco los límites entre uno y otro, se lucran grupos de personas que, haciéndose llamar líderes sociales, terminan con sus bolsillos llenos a costa de incautos ciudadanos que creen haber encontrado el ‘gangazo’ para hacerse a su casa propia.
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Y es que, según lo dilucidó nuestro medio en el informe periodístico, son al menos 151 proyectos alrededor de nuestra ciudad promovidas por asociaciones de vivienda, fundaciones o asociaciones, que no cumplen los requisitos legales y que además de todo, tienen la posibilidad de mover solo en venta de lotes más de $760 mil millones.
Las autoridades judiciales y municipales conocen la problemática e intentan, a punta exigencia de documentos y trámites oficiales, frenar la construcción de vivienda. Sin embargo, eso no ha bastado por ello han sumado la denuncia penal en busca de contrarrestar ese crecimiento inusitado de construcción en zonas no aptas para tal fin, ya que no cuentan con la disponibilidad de servicios públicos.
El problema pues, tiene directa relación con la expansión de los servicios públicos domiciliarios, ya que la infraestructura actual termina afectada por la demanda inusitada en aquellas zonas de la periferia, que a fuerza de lucha, terminan conectadas a las redes eléctricas, de abastecimiento de agua y de alcantarillado. Y así lo reconocen muchos de estos llamados promotores de vivienda quienes no se comprometen con las conexiones eléctricas legales, agua potable, alcantarillado, espacios públicos, pavimentación de las vías internas y en últimas, ni con la entrega de escritura pública que garanticen la titularidad del predio.
Así las cosas podemos ratificar que esta falta de control de las autoridades hacia a la urbanización ilegal está generando un crecimiento desordenado de Popayán y que por doquier, tras los límites de lo urbano, vemos como se explanan terrenos para luego ser usufructuados de manera irregular sin permiso alguno y tendientes a la construcción de vivienda de interés social; que áreas para el desarrollo de proyectos para el saneamiento básico terminaran ‘de vecinos’ de un gigantesco proyecto de vivienda y que las zonas verdes y áreas públicas enfocadas para el bienestar y recreación de los ciudadanos escasearan.
La Popayán deseable, aquella que como ‘villorio’ tuvo normas invisibles de conducta, sistemas de orden que la hacían una ciudad tranquila y ordenada, vive actualmente la descomposición de su planeación urbana. Y hasta ahora, los últimos planes de desarrollo han sido cortoplacistas, miopes y lo peor, sin continuidad entre sí. Así pues que desde esta tribuna de opinión nos comprometemos a seguir vigilando las investigaciones de la justicia en contra de esos grupos de individuos que se usufructúan del sueño de muchos ciudadanos de tener casa propia y a quienes en definitiva podríamos catalogar dentro de un cártel de la urbanización ilegal.
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