- Inicio
- Mi Ciudad
- Mi Región
- Política
- Opinión
-
Deportes
- Copa El Nuevo Liberal
- Judicial
- Clasificados
- Especiales
Es hora de hablar abiertamente de consumo, de cifras, de lo que está pasando con nuestros jóvenes y en nuestros colegios, públicos y privados, y que se estructure una política pública frente a este tema.
Desde hace un par de semanas la agenda informativa del país ha estado mediada por cuenta de la decisión del gobierno del presidente Iván Duque de presentar un borrador de decreto que autoriza a la Policía para incautar la dosis mínima de consumidores de drogas que se encuentren haciéndolo en lugares públicos. Según la iniciativa gubernamental, la Policía podrá incautar las drogas y quien la porte deberá demostrar que es un adicto, para que se le respete su derecho a la dosis mínima.
La propuesta generó todo tipo de críticas, principalmente de quienes consideran que es inconstitucional, pues está castigando el consumo de la dosis mínima, que hoy está despenalizada en el país, como quienes simplemente consideran inaplicable el decreto, por considerar que es imposible que alguien pueda demostrar que es o no adicto vía testimonios, como lo pretende la norma. Otros aplaudieron la iniciativa como una manera efectiva de frenar el consumo.
Pero más allá de entrar en la discusión de la aplicabilidad o no de la norma o su conveniencia, que no es el objeto de este espacio, esta norma visibiliza una realidad y es el aumento del consumo de drogas, principalmente en jóvenes.
En Colombia (tenemos que hacer relación a lo nacional ya que las estadísticas a nivel local y regional son pírricas, casi inexistentes) el 87% de personas menores de 17 años han consumido alguna vez alcohol, el 15% de ellas lo ha ingerido en su colegio, el 8% ha bebido durante varios días seguidos y el 4% lo hace estando solo; el 4,5% de tal segmento de la población ha consumido cocaína y el 2,5% lo hace con alguna frecuencia.
Tales datos ponen de presente que el problema es muy grave y a él se une el drama del alto número de embarazos indeseados de adolescentes. Ni el Estado, ni la sociedad han tomado cartas en el asunto con la seriedad que exige el drama que viven cientos de miles de familias de todos los estratos sociales y económicos.
Las autoridades lucen inermes ante la situación, al punto que los parques de la capital caucana (y reportes similares se escuchan en las localidades más grandes del Cauca como Santander de Quilichao y El Bordo) dejaron de ser lugares de esparcimiento familiar y se convirtieron en el lugar preferido para el consumo. Hoy es casi imposible atravesar nuestros parques sin encontrarse con jóvenes consumiendo.
Pero a pesar de crecimiento en el consumo, el tema sigue siendo tabú y las estadísticas sobre consumo son pocas, al igual que políticas públicas que involucren a todo tipo de jóvenes y no solo a los de los colegios públicos, ni un diálogo abierto para desenmascarar todo lo que hay detrás.
El microtráfico se ha convertido en uno de los mayores problemas de Popayán y de los municipios del Departamento y no podemos seguir pretendiendo que aquí no pasa nada.
Es hora de hablar abiertamente de consumo, de cifras, de lo que está pasando con nuestros jóvenes y en nuestros colegios, públicos y privados, y que se estructure una política pública frente a este tema. Y por supuesto que esta realidad evidencia también una grave crisis al interior de las familias. Pero eso es otro tema.
Comentarios recientes