Editorial: A dialogar y a cumplir lo pactado

09:00 am 21-marzo

A casi dos semanas de la minga indígena y campesina para presionar el cumplimiento de pactos pasados y en la cual la protesta tiene bloqueada la vía Panamericana en su trayecto Popayán – Cali (al igual que otras vías del suroccidente del país), ya se sienten las delicadas consecuencias económicas, sociales e institucionales para los departamentos del sur del país.

La situación, repetitiva año tras año, se desprende desde una sección de la historia contemporánea de nuestra Nación, afectando a todos los gobiernos, desde el mandato de Belisario Betancur (1982-1986). En ellas, los pueblos indígenas del Cauca paran y bloquean para obligar a los mandatarios a “negociar” sus pliegos. La dinámica es casi la misma: en principio el presidente de turno dice que no negociará mientras se mantengan las medidas de hecho; el conflicto social se agrava; se responde con más fuerza pública; llega la violencia y aparecen los muertos en medio de los enfrentamientos que se agudizan día a día. Al final, tras 10 o 12 días, el presidente termina sentado con los indígenas para comenzar el final de la protesta.

Así, en este transcurrir repetitivo, las negociaciones de tornan tensas y terminan circunscritas en un contexto de enredos y promesas de todo tipo que nunca o se cumplen a medias por falta de presupuesto. De esta forma, este círculo vicioso vuelve a empezar.

En medio de estas protestas (y sucede en otros paros con otros gremios) las denuncias van y vienen, incluso desde el espejo retrovisor de los mandatarios de turno: que el gobierno anterior o los anteriores se dedicaron a entregar cheques en blanco y sin fondos para resolver sus problemas focales con indígenas, maestros, transportadores, jueces, cafeteros, estudiantes, arroceros y comunidades coqueras (…). Hay que decir que las peticiones de los indígenas durante esta minga tienen que ver con el cumplimiento del último pacto que supera los 3.5 billones de pesos.

En respuesta, el gobierno de Duque, tras culpar a su antecesor (sin decir nada de los dos gobiernos de Uribe) asegura que en el Plan Nacional de Desarrollo que está en proceso de armado, se destina $10 billones para atender las demandas y necesidades de los 104 pueblos indígenas del país, hecho que no convenció a los manifestantes del suroccidente, que reclaman recursos propios.

Para nadie es un secreto que los bloqueos sobre la Panamericana han resultado costosos en términos institucionales, económicos, sociales y de violación de derechos para los habitantes de cuatro departamentos, ciudades capitales y municipios del sur del país, que terminan aislados y pagando las consecuencias del impacto de las mingas. Pero igual es tiempo de demandar cumplimiento efectivo y a largo plazo para los pactos acordados de parte del gobierno con la finalidad de ponerle fin, no solo a la protesta actual sino también para mejorar las condiciones de vida de indígenas y campesinos en la región.