Editorial: Perdonar las desapariciones forzadas
La semana que viene habrá un gran debate sobre las responsabilidades relacionadas con los delitos ocurridos en el Palacio de Justicia hace ya casi treinta años. La Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció (según dicen algunos medios, el comunicado no lo encontré en la página oficial) que ya ha tomado una decisión sobre el caso pendiente de 11 desaparecidos y habrá réplicas a la declaración del Presidente Juan Manuel Santos, dada ante los ganaderos en Santa Marta en la tarde de ayer, en la que dijo que no permitirá que se repita la que considera una situación inaceptable que: “quien se tomó el Palacio terminó de Alcalde y quien lo defendió en la cárcel por 40 años”.
La sentencia condenará al Estado por las desapariciones. Es la condena que faltaba. En su propia defensa ante la Corte, el Estado –con la oposición de los militares asumió parte de la responsabilidad. Las pruebas son contundentes y la Corte Suprema de Justicia lo ratificó al confirmar la condena contra el General Arias Cabrales. Las condenas al Estado han sido múltiples, una de ellas incluso fue interpuesta por el hoy Ministro de Justicia en su condición de víctima.
Que los militares cometieron delitos en la “retoma” del Palacio no hay duda. Eso es lo que han dicho todos los tribunales donde el hecho se ha ventilado a lo largo de estas casi tres décadas. La discusión no es entonces esa. El debate es cuál es el tratamiento jurídico que se le debe dar a quienes cometieron delitos mientras formaban parte de la fuerzas militares en una perspectiva de postconflicto.
La declaración presidencial provocará un acalorado debate. Supongo que el Presidente se refería a que los militares no deberían estar presos, no a que Petro no debería estar de Alcalde porque en muchos escenarios ha defendido la posibilidad de la participación política de los guerrilleros. Para poner la discusión en su verdadera dimensión a la pregunta de si a los militares les vamos a dar el mismo tratamiento que a los guerrilleros, la respuesta es NO. Los militares están cumpliendo con su deber y esta sociedad les debe el reconocimiento de haber enfrentado un cruel conflicto durante más de 60 años. Ahora, a los delincuentes sí resultaría conveniente darles tratamientos similares. Los guerrilleros todos cometieron delitos y algunos miembros de la fuerza pública también lo hicieron.
Los de los primeros han sido crímenes horrendos, que han traspasado todas las líneas del derecho internacional humanitario, sobre eso no hay mucho que insistir. Desgraciadamente miembros de las fuerzas estatales también han cometido crímenes sin nombre.
En el Palacio de Justicia desaparecieron personas y seguramente después las ejecutaron. Más de 3.500 jóvenes fueron asesinados por miembros de la fuerza pública en lo que se ha llamado “falsos positivos”.
La pregunta correcta es entonces qué tratamiento damos a estos delincuentes que deshonraron a las fuerzas militares y abusaron de la confianza que la sociedad depositó en ellos. La respuesta es compleja.
En estricto sentido jurídico no es lo mismo haber desaparecido una persona que se encontraba en el Palacio de Justicia en el momento de la toma y después asesinarla que retener ilegalmente a un joven con algún grado de incapacidad, llevarlo forzadamente o mediante engaños, a algún lugar lejano donde después es asesinado y presentado como guerrillero. Los hechos se parecen pero no son iguales, pero éste no es el espacio para entrar en detalles. El Presidente Santos cree que a los primeros hay que perdonarlos porque a los miembros del M 19 que se tomaron el Palacio de Justicia la sociedad les concedió indulto. De los responsables de los otros delitos no ha dicho nada todavía.
El Coronel González del Río, quien ha aceptado haber participado en la comisión de “falsos positivos”, anunció que espera las reglas de justicia transicional que se convengan en La Habana para acogerse a ellas y por eso rechazo el acuerdo que le propuso la Fiscalía en el que le ofrecía rebajar hasta el 50 por ciento de la pena de 60 años que propone imponerle.
¿Los “falsos positivos” tendrán justicia transicional? ¿Serían una especie de “delitos conexos” de los del conflicto? La diferencia entre González del Rio y Plazas Vega es que el primero ha reconocido haber cometido delitos. Plazas insiste en presentarse como un héroe que defendía “la democracia maestro”, teoría que parece haber aceptado el Presidente, quien insiste que “defendía” –no la democracia– pero al menos el Palacio.
No digo que González pueda ser objeto de normas de justicia transicional, ni que los falsos positivos deban estar incluidos dentro de los delitos sobre los que se deban otorgar beneficios; digo que cualquier persona que haya cometido un delito mientras formaba parte de la fuerza pública, en el marco del conflicto armado, tendrá que decir la verdad, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.
Plazas Vega ha aceptado que pudo haber delitos, aunque niega haberlos cometido él. Si quisiera beneficios jurídicos tendría que aceptar que participó en la comisión de delitos. El Estado tendría que reparar, pero el Presidente se negó a hacerlo cuando un Tribunal ordenó que se hiciera. Santos dijo que no pediría perdón sino que más bien ofrecía perdón al ex presidente Belisario Betancur y a los condenados mientras “defendían” el Palacio. La Corte Interamericana obligará a nuevas reparaciones; ya veremos cómo reacciona el Presidente.
El tema es muy difícil desde el punto de vista jurídico, pero esa no era la perspectiva desde la que quería referirme en esta columna, sino la perspectiva política de la posición de los militares con el actual proceso y con el Presidente Santos. La situación parece agudizarse, pero ya esta columna no alcanza para preguntar si hay o no ruido de sables, en otra oportunidad será.
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