Desde 2016 se estableció la figura de Obras por Impuestos, que consiste en que las empresas ejecutan proyectos de infraestructura vial, educación, salud, agua potable o energía, en los municipios más afectados por el conflicto y la pobreza; a cambio de estas inversiones, tienen la posibilidad de pagar hasta el 50 % del impuesto sobre la renta y complementarios.
Este mecanismo tributario ocasiona un impacto positivo en los municipios afectados por la violencia y que han padecido durante décadas el olvido estatal. En el Cauca han sucedido experiencias exitosas y, lo más importante, es que se han captado importantes recursos. Por ejemplo, en 2020, la zona rural de Toribío se vio beneficiada con la intervención de una importante vía interveredal que impactó a más de 7 mil campesinos e indígenas de la zona. De esta manera los agricultores de la zona pudieron movilizar de manera segura más de 150 toneladas mensuales de productos como: café, frutas y piscicultura, entre otros, así como visibilizar sus proyectos de ecoturismo, contribuyendo de esta forma a la seguridad alimentaria de la región. Igual sucedió con carreteables de Corinto, Caloto y Morales, a los que se les pudo intervenir con pavimento y mejora en las bermas para darle una mejor comunicación a estas localidades nortecaucanas. Así las cosas, las empresas que invierten en las zonas afectadas por la violencia participan activamente en la transformación de las regiones, avanzan en sus políticas de responsabilidad social y fortalecen los lazos de confianza con las comunidades donde operan.
Con este mecanismo también se ha venido avanzando en proyectos de agua potable y saneamiento básico en todo el país y el Cauca tendrá una cuota gracias a la gestión que adelanta la Gobernación del Cauca ante el ministerio la Agencia de Renovación del Territorio y con empresa Celsia que en su proceso de valor social quiere mantener una muy buena relación con las comunidades nortecaucanas articulando y ejecutando proyectos por las comunidades.
Recientemente, en Morales, la compañía ejecutó la fase II de la placa huella que conecta a este municipio con las veredas San Rafael y El Cerro. Se trata de una vía de 9,33 kilómetros y serán más de 10.000 personas beneficiadas. La obra tuvo una inversión de $27.672 millones y fue entregada a finales del año pasado.
Asimismo, las empresas Química Básica Colombiana, Químicos del Cauca, Industrias Básicas de Caldas, Sulfoquímica, Garcés Eder, Japio Garcés y Cia, y Empresa de Fosfatos de Boyacá entregaron la obra de mejoramiento del tramo vial Japio Crucero de Gualí que constó de pavimentación, construcción de obras de drenaje y rehabilitación de puentes y pontones en el municipio de Coloto, el cual es cobijado por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – Pdet. Este proyecto tuvo una inversión de 4.779 millones y beneficia de manera directa a 5.154 habitantes del municipio en mención y las comunidades de Santander de Quilichao, Villa Rica y Guachené de manera indirecta.
De manera que estamos hablando de importantes recursos que llegan directamente a las poblaciones que más lo necesitan; sin embargo, el proceso para obtenerlos no es sencillo, pues en primer lugar, los alcaldes deben convencer a una empresa para que se interese en la ejecución de la obra y luego han de realizar engorrosos y lentos trámites ante el Gobierno nacional para recibir su aprobación.