En Popayán los ladrones que caen en manos de personas indignadas y hastiadas de los robos, son golpeados y si cae la moto en que se movilizan, esta es incinerada. En Bogotá, a una mujer le echaron pegante en la cabeza y a otra le cortaron el pelo; un hombre le disparó a un ladrón en Transmilenio; en Barranquilla, unos hombres que supuestamente estaban estafando a la gente con pintura de baja calidad fueron desnudados y paseados por las calles.
Creemos en principio, que la inseguridad ha hecho, que como primer recurso, los ciudadanos se atrevan a tomar la justicia por sus propias manos. La falta de credibilidad en el sistema judicial lleva a que cometan este tipo de atrocidades. En tal caso, se piensa -erradamente- que el individuo no va a recibir escarmiento jurídico cuando es entregado a las autoridades.
Ahora, en principio tenemos que advertir que los linchamientos son una mala manera de hacer justicia; todos sabemos que en un mundo civilizado para impartirla están los tribunales y se debe respetar el debido proceso. Debemos tener en cuenta que desde el momento en el cual comenzamos a generar violencia, ésta sigue creciendo.
Igualmente, debe quedarnos claro, que Colombia cuenta con un Código Penal y un Sistema Penal Acusatorio, que gústenos o no, tenemos que respetar, porque ese es el principio de un Estado de Derecho.
Esta no es otra sino la respuesta ciudadana ante la impunidad reinante. Muchas personas sienten que cuando ocurre un delito llaman a la policía para capturar a los ladrones y, si los uniformados alcanzan a llegar, los llevan ante un juez y a las pocas horas los delincuentes quedan en libertad. Por eso se sienten burlados y deciden que la única salida es hacer justicia a su manera. Creen que con golpear y someter a los delincuentes al escarnio público envían un mensaje aleccionador y conseguirán que los asaltantes no se atrevan a reincidir.
La debilidad de las instituciones, la ineficacia de la justicia y el bajo número de policías, jueces y fiscales para atender los requerimientos de la población, refuerzan los argumentos de los ciudadanos que se sienten desprotegidos y sin respaldo de las autoridades.
La respuesta de la institucionalidad es ofrecer leyes con penas más altas para los transgresores, pero el tiempo ha demostrado que esta no ha sido la solución y no ha servido para frenar la inseguridad; por el contrario, el número de delitos ha aumentado y los malhechores han sofisticado sus métodos y se encuentran mejor armados. Este no es un respaldo a la actitud de quienes reaccionan en momentos de ira, que se justifican cuando son despojados de sus pertenencias que con han conseguido producto de su esfuerzo; es un llamado a todas las instancias del Estado para que actúen de manera oportuna y ofrezcan verdaderas soluciones al problema de la inseguridad, para que la ciudadanía no se sienta desamparada y que la ley de la selva termine por imponerse en nuestra sociedad. A la vez, la ciudadanía debe ser concientizada de que el delito no se combate con otro delito.