Un país como el nuestro, profundamente impactado por el flagelo de la violencia, que le ha azotado por décadas, pero de manera particular, en el sector rural, ha hecho que el mayor anhelo de la sociedad es poder alcanzar altos niveles de convivencia, tolerancia y paz. Por lo que todo esfuerzo de paz, hasta aquellos que fracasaron estruendosamente, como el del Caguán, reflejan la importancia que tiene para los colombianos poder lograr una paz estable y duradera.
En este proceso, ha jugado especial papel la juventud, que después de haber visto que sus padres vivieron bajo el miedo y el terror, lo cual solo sirvió para que la guerra ganara terreno sobre la paz, fueron testigos de excepción del accionar delictivo de los distintos actores de la guerra, quienes dejaron a su paso muerte y desolación, desarraigo y desplazamiento de cientos de miles de campesinos de sus tierras, hechos generados por todo tipo de violentas acciones, masacres y barbarie indiscriminada, a lo que los jóvenes han expresado reiteradamente no estar dispuestos a seguir aceptando, despojándose así del miedo que acompañó a sus mayores.
Desde que se suscribieron los Acuerdos de Paz, hace ya cuatro años, los jóvenes vienen adelantando variadas acciones, en los más disímiles escenarios de la vida nacional, exigiendo el cumplimiento de los mismos, ya que por ‘vanidades’ de la política, fuertes sectores de la clase dirigente del país, concentrada en el partido de gobierno, en el presidente y en varios sectores económicos, de manera sistemática, con todo tipo de argumentos, sofismas y falacias se han venido oponiendo, mas no han podido ‘desapacer’ o ‘liquidar’, porque junto a los jóvenes han estado los diferentes garantes internacionales que tiene el proceso, entre ellos la ONU, que en reiteradas ocasiones ha llamado la atención al actual gobierno al respecto.
Un fenómeno de la política nacional, quizás el mayor desacelerador de desarrollo del país, está determinado por la aguda polarización, lo cual en poco ayuda a la búsqueda y concreción de reales soluciones a los problemas centrales que tenemos, uno de ellos: La Paz, ya que cada postura se sustenta en creer ser la poseedora de la verdad, descalificando tajantemente a la otra y viceversa.
En este sentido, desde hace dos años, se han intensificado todo tipo de acciones tendientes a encuadrar en esta ‘cotidianidad’ política el tema de la Paz, situación que llevó a la Presidenta de la JEP, Magistrada Patricia Linares, en todos los escenarios nacionales, a manifestar que ‘el tema de la paz debe ser excluido de contiendas políticas’, y por ende de la dura polarización existente en torno a este bien colectivo tan preciado, pero a la vez tan esquivo.
Durante más de un año, antes de ponerse en funcionamiento la JEP, cuando la Corte Constitucional confirmó el hundimiento de las objeciones hechas por el presidente Iván Duque, su presidenta tuvo que librar duras batallas para ponerla en marcha, lo cual logró con aplomo, conocimiento y responsabilidad, para no dejar mancillar el significado profundo que tiene la Justicia Transicional, garante de los procesos de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, elementos nodales para el aseguramiento de una Paz real. Actitud que le ha prodigado sinceros reconocimientos por parte de la comunidad nacional e internacional, así como respeto por su carácter y vertical defensa de la Constitución Nacional, de los Derechos Humanos y de la complementariedad de la justicia transicional con la justicia ordinaria, ahora que termina brillantemente su periodo como presidenta el día de hoy.
El Nuevo Liberal, profundamente comprometido con la Paz Territorial, se asocia a todas las manifestaciones de felicitación y reconocimiento hechos a la Magistrada Patricia Linares, por su encomiable labor en pro de la Paz desde el cargo de presidenta de la JEP. Paralelamente, manifiesta su satisfacción por la designación de su sucesor el Dr. Eduardo Cifuentes, payanes de nacimiento, pero, ante todo, por ser un profundo defensor de los DDHH y el Derecho Internacional Humanitario, habida cuenta de haberse desempeñado como Presidente de la Corte Constitucional, Defensor del Pueblo y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, cargos que desempeñó con altura y probidad. La responsabilidad del nuevo presidente de la JEP será igual o mayor que los de su antecesora, en la defensa de la Justicia Transicional, ante los furibundos detractores de la misma, que ven pasar ‘su’ tiempo y no han podido acabarla y con ello enterrar los Acuerdos de Paz.