No eran precisamente los servidores públicos del orden nacional o regional quienes deseaban que los niños, niñas y adolescentes regresaran al colegio. Eran ellos mismos y sus padres quienes venían reclamando hacerlo. Para los gobernantes sería mucho más fácil mantener a estudiantes y docentes encerrados en sus casas. Pero es que los efectos emocionales, físicos y mentales que el prolongado encierro y la lejanía del ambiente escolar y el contacto con compañeros, amigos y docentes apenas se están conociendo, pues comenzaron a medirse bien entrada la pandemia. Y son desalentadores.
Fue así que finalmente, luego de al menos seis semanas de conversaciones y negociaciones, el Gobierno Nacional y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, llegaron a un acuerdo que abre definitivamente la puerta al regreso de la presencialidad en la educación pública en el país, lo cual se había convertido en una imperiosa necesidad, debido al grave daño acumulado para los estudiantes, luego de un año y algo más de un modelo virtual improvisado e insuficiente, que sacó literalmente del sistema a decenas de miles de alumnos que quedaron excluidos por razones de índole tecnológica y económica.
A nivel local, la resolución de una tutela interpuesta por el gremio sindical de Asoinca donde se pedían garantías para el regreso a las aulas, volvió a darle rueda suelta al proceso que se venía adelantando para Popayán y las municipalidades caucanas. De esta forma, nuestra comarca también se sumó al procedimiento meticuloso del retorno presencial a los colegios.
Recordemos que a nivel nacional, en principio, el acuerdo alcanzado implicaba que se establecieran las medidas necesarias para mejorar las condiciones de trabajo de los docentes en áreas relacionadas con la salud y las prestaciones sociales; además de esto, existen también compromisos que tienen que ver con la remuneración docente, la dignificación de la profesión y acciones conjuntas para trabajar por el bienestar y aprendizaje de los estudiantes. Pero, además de esto, obviamente el acuerdo giró en torno a la emergencia sanitaria creada por el coronavirus, tema en el que se había estancado la relación Gobierno – Fecode, desde hace no solo seis semanas, sino varios meses y que tenía fuera de las aulas a más de ocho millones de niños y jóvenes del país.
Además de la importancia que revisten los demás puntos del acuerdo y que, como dijimos, tocan puntos muy sensibles en las condiciones salariales, laborales, de salud, de fortalecimiento del sector educativo, de mejoras en la formación de los maestros, lo que por ahora importa más al grueso de la Nación es que se dé un regreso total, pronto y seguro de los alumnos a los salones de clase y que las instituciones escolares estén debidamente preparadas para garantizar la salud del personal administrativo, los docentes y los estudiantes.
Así que dejando atrás todos los vericuetos legales y judiciales, esperamos que todas las instituciones de educación pública cuenten con baterías de baño adecuadas, con agua potable y los elementos típicos de bioseguridad, y salones con una capacidad razonable de alumnos con sus sillas y buena ventilación.
Ahora, además, hay que tener en cuenta la llegada de variantes en extremo agresivas, como la delta. Esos nuevos patógenos, más contagiosos, obligarán a revisar las medidas que se habían aprobado para ese retorno a fin de no pecar por imprevisión.
Aparte de esto, lo deseable es que, cuanto antes se recupere el nivel educativo que decayó significativamente durante la virtualidad. Un esfuerzo extra de parte de todo el sector es muy necesario ahora porque, además de propiciar el retorno de los que habían sido excluidos, nos puede regresar lo más pronto posible al lugar en el que debemos estar para que nuevamente las bases del conocimiento con que egresan los estudiantes les permitan aspirar a un mejor futuro. Este es un objetivo en el que, sin duda, coinciden el Gobierno, Fecode y el país en su conjunto.