El pasado fin de semana conocimos (con menos asombro que la anterior), sobre una nueva masacre en el Cauca. En esta ocasión, el blanco fueron seis personas que se encontraban departiendo en una gallera del corregimiento de Munchique, jurisdicción del municipio de Buenos Aires, localizado en el noroccidente de la geografía caucana.
Según se conoció, un grupo de desconocidos atacó a los pobladores indefensos con granadas y disparos de fusil. Inicialmente, las autoridades atribuyeron la masacre al grupo disidente de las Farc ‘Jaime Martínez’ que opera en esa zona. Según Indepaz, esta es la masacre número 60 en lo que va corrido del año en Colombia y la novena en nuestro departamento.
Hechos como este, ratifican que el Cauca es uno de los territorios más golpeados por la violencia, lo que se suma a que es también uno de los más pobres de Colombia, junto con el Chocó; Para recordar al respecto, tenemos que decir que nuestra comarca es una de las regiones que registra mayor desigualdad en ingresos y en calidad de vida. El índice de pobreza es cercano al 50% y la pobreza extrema bordea el 20%; más del 60% del empleo es por cuenta propia, es decir, informal. Además, nuestra capital, Popayán, carece de infraestructura y recursos para generar puestos de trabajo y, en general, el departamento es poco industrializado. La población está conformada por comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinos mestizos.
Aquí operan el Eln, disidencias de las Farc y bandas narcotraficantes como el Clan del Golfo, que sucedieron a los paramilitares. Sus actividades se concentran en el narcotráfico y la minería ilegal. Para obtener el control territorial se valen de masacres, homicidios selectivos, amenazas, desapariciones forzadas y el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Dentro de esa maraña, la localidad de Buenos Aires hace parte de un corredor estratégico por cuanto en la región se cultiva, se procesa y se transporta la coca hacia el exterior.
En esta oportunidad, como en las masacres anteriores, la reacción del Gobierno fue enviar tropas a verificar un hecho consumado y luego, realizar el consabido consejo de seguridad donde se repitieron las acciones a seguir, con promesas de llevar planes sociales para una población que está en medio de un conflicto en el que operan toda clase de grupos ilegales, los cuales se pasean sin control alguno por esas zonas rurales empobrecidas y abandonadas.
Es hora de exigir respuestas contundentes de parte del Estado que pareciera ser un espectador inerme de toda estas masacres y desgobierno que se vive en zonas como el norte y el oriente del Cauca, de la Costa Pacífica, o algunas regiones surcaucanas. Se requiere de una acción más decidida y eficaz del gobierno hacia el control de todos estos fenómenos, pues el temor de muchos analistas, dada la simultaneidad de todos ellos, es que empiecen a darse dinámicas irreversibles, al menos en algunos de ellos y regresemos a épocas en las que la inseguridad se justificaba a sí misma y producía insalvables círculos de violencia que marcaron con la tragedia a generaciones enteras de colombianos durante los últimos 60 años.