Nuevamente el Chocó ha levantado la voz y airadamente reclama por el eterno abandono estatal del que ha sido víctima, exigiendo inversión en vías de comunicación, salud, infraestructura y que Belén de Bajirá sea definitivamente chocoano.
En tanto, el Gobierno asegura que ha invertido en Chocó 9,2 billones de pesos en proyectos sociales, económicos, de seguridad, en el pago de deudas del hospital de Quibdó, en infraestructura y transporte. Los voceros del Comité por la Dignidad del Chocó responden que eso no es cierto, que el Gobierno central no ha cumplido, que se nombre una comisión de la verdad que establezca que ocurrió con ese dinero porque todo sigue igual, que la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía determinen si hubo manejos indebidos con tales recursos y se sancione a los culpables.
Toda esta inconformidad popular se extendió luego a Buenaventura y muy probablemente llegará hasta la Costa Pacífica caucana y nariñense.
Más allá de las imprecaciones acusatorias y del discurso gubernamental defendiendo su obra, necesario es decir que el abandono y la deuda de atención con tal departamento y su gente es histórica. Debe sí resaltarse que después de más de un siglo de inequidades y olvido, lo que en 4 años se invierta difícilmente cubre las necesidades de la colectividad. Con los chocoanos la responsabilidad no es solo del actual Gobierno Nacional, ni del anterior, es de todo el país.
Ahora, fuera de lo comentado, desde hace años hay una situación de orden público que aterra. Conmueven los desplazamientos internos, hay aguda y siniestra presencia de paramilitares, de grupos del Eln y el llamado “Clan del Golfo” ha venido ejecutando un denominado “Plan Pistola” contra policías y demás autoridades.
Y otro sumando: la minería legal e ilegal ha arrasado con los bosques y ecosistemas chocoanos más importantes y su principal arteria fluvial, el río Atrato, arrastra por su cauce inmensas cantidades de mercurio, cianuro y metilmercurio.
Infortunadamente, la radiografía del Chocó se extiende para toda la región costera Pacífica de nuestro país, en la que se enclavan comunidades con todas las falencias sociales conocidas.
Pero no es nada raro que esta subregión esté como esté y produzca lamentables historias de corrupción como la que ‘barrió debajo de la alfombra’. Recordemos que a lo largo y ancho de la costa colombiana sobre el Océano Pacífico la institucionalidad es lacerantemente débil, como se evidencia en materia de seguridad ciudadana, de conflicto interno armado, de actividad de las bandas criminales (‘bacrim’), de tráfico de estupefacientes, en la existencia de cultivos ilícitos, en la violación de los derechos humanos y otros ilícitos de lesa humanidad como el reclutamiento ilegal de niños y jóvenes, la violencia sexual, el microtráfico de drogas, el desplazamiento forzado, el confinamiento, la prostitución, para citar algunos de ellos.
La situación no es nueva. En septiembre de 1954 un redactor de El Espectador de entonces, Gabriel García Márquez, en una serie de documentos periodísticos titulados “Historia íntima de una manifestación de 400 horas”, denunció el olvido en que estaban residentes de la Costa Pacífica, sin agua potable, sin hospitales, sin escuelas, sin vías de comunicación con el resto del país. Hoy, 63 años más tarde, la situación es bastante similar.
Colombia debe ser generosa con una de sus más ricas, olvidadas y saqueadas regiones de nuestro país.
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