Uno de los problemas críticos que tiene Colombia como efecto de la dinámica de nuestra golpeada economía, y que sufrimos con rigor en infinidad de calles en la capital caucana, es el de los vendedores informales, problemática que dicho sea de paso, las autoridades municipales y nacionales no han sabido darle inteligente solución. Con ellos hay que convivir, pero su actividad debe regularizarse atinadamente, como ha ocurrido en varias ciudades latinoamericanas.
En muchos puntos de la capital caucana, especialmente en algunas calles adyacentes al parque Caldas y en alrededores del derruido edifico que sirvió como base al centro comercial Anarkos, son numerosas las personas en edad laboral dedicadas a la economía informal; la cifra nadie se atreve a calcularla, debido a que hoy en día los comerciantes informales están llegando hasta en automóviles para ofrecer sus productos en la vera de las angostas y escasa vías del centro de la Ciudad Blanca, donde las áreas más invadidas además del centro, son las calles adyacentes a las plazas de mercado de La Esmeralda y el barrio Bolívar.
Toda esta coyuntura socioeconómica, agravada por la pandemia, debe preocupar a los estudiosos, a políticos, gremios, a la academia y a las autoridades, y sólo mediante una estrategia racional -diseñada e implementada entre todos- puede encontrársele la solución.
Claro está que este problema no es apenas local. En el sector céntrico de seis de las principales ciudades del país, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Santa Marta, el problema es similar, sobre todo en estas fechas decembrinas.
Ante el tamaño de tal problemática, deben implantarse políticas a nivel nacional al respecto, pues a todo vendedor informal que labora en un espacio público le asisten derechos que se hallan consagrados por la Constitución y las leyes.
Cada vendedor informal ocupa una superficie del espacio público que va de 1,20 metros cuadrados a 5 metros cuadrados; y si tiene venta de perros calientes, empanadas, hamburguesas, etc., el área ocupada es de 4 ó 5 metros de largo por 2 ó 3 de ancho.
Los mercaderes ambulantes constituyen la punta del iceberg; bajo ellos hay una sólida y abigarrada base conformada por intermediarios, reducidores, contrabandistas, ‘lavadores’ de dinero, etc., que los explotan y se enriquecen subrepticiamente con el sudor de aquellos. Eso se adoba con las ansias de ‘caciques’ electoreros locales.
Enfocando este análisis a nivel local, tenemos que decir que medidas de choque como el reciente decreto municipal 3675, que prohíbe las ventas informales para recuperar y ejercer el control del espacio público en la ciudad de Popayán, se convierten en ‘pañitos de agua tibia’ que, a mediano y a largo plazo, poco solucionan esa problemática.
En definitiva, hay que pensar en mostrar mucho más la plaza de mercado del barrio Las Palmas, la cual está incrustada en una zona donde el acceso se torna dificultoso, y adonde poca gente llega para comprar. Así que, mientras las políticas estatales sean de choque, sin pensar en una estrategia de largo plazo que no tenga relación con periodos gubernamentales, no habrá solución. Y el progreso, bienestar y calidad de vida en nuestras principales ciudades seguirán en caída libre.