Editorial: Corrupción, paramilitarismo y posconflicto

A puertas de superar el karma de la que parecía guerra eterna con la guerrilla de las Farc, esperamos que los ‘elenos’, sigan el ejemplo, para que las Fuerzas Armadas y la Justicia colombiana, puedan enfrentarse con dientes, a las bandas criminales de diferente origen y estilo, que impunemente se han incubado en campos y ciudades, donde conviven con la corrupción administrativa, a cargo de ‘ladrones honrados’ o ‘delincuentes de cuello blanco’, trabajando en contubernio con dirigentes políticos que buscan llenar los espacios dejados por veteranos congresistas y dirigentes políticos quienes ya cumplieron su ciclo.

Actividades como el cultivo y procesamiento de coca, marihuana y heroína,  junto a la minería ilegal, el robo y contrabando de combustibles, la extorsión, secuestro, asaltos a mano armada, reclutamiento de menores, la trata de personas y mujeres, la captura de puestos directivos y contratos de entidades públicas, han sido entre otras variedades delictivas, manifestaciones del accionar diferentes grupos ilegales, con o sin ideología política, que contando con la colaboración de algunos latifundistas, empresarios agropecuarios e industriales y políticos, se han apropiado de las administraciones seccionales y municipales de importantes regiones del país, sin mayor presencia de la fuerza pública y demás instituciones del Estado y con la complicidad de funcionarios de organismos de control y la Justicia infiltrada.

Uno de los puntos claves reiterados por sus negociadores en La Habana, entre sus exigencias para asegurar la desmovilización de los guerrilleros de las Farc, ha sido el real compromiso del Estado para desmontar las llamadas ‘bandas criminales’ o ‘Bacrim’, dedicadas a la minería ilegal, el narcotráfico y la extorsión; y entre las que se ocultan reductos paramilitares que actúan al servicio de los más radicales opositores al proceso de paz y amenazan y atentan contra la vida de dirigentes campesinos, indígenas, cívicos, políticos, y funcionarios públicos y defensores de la Restitución de Tierras y los Derechos Humanos, tal como ha sucedido recientemente en el Cauca y Tolima, en comunicados firmados alternativamente por las ‘águilas negras’ y los ‘rastrojos’.

Los desmovilizados de las Farc, no quieren que les pase lo mismo que a Guadalupe Salcedo en 1959, cuando fue asesinado en una calle de Bogotá, después de abandonar las guerrillas de los Llanos, o la masacre sufrida a mediados de los 80s, por más de 3.000 militantes de la Unión Patriótica, UP, entre candidatos presidenciales, congresistas, diputados, concejales y líderes populares y ante riesgos y amenazas reales de parte de los ‘enemigos ocultos de la paz’, que actúan como el brazo armado de los ‘enemigos legales de ultraderecha’. No quieren correr la misma suerte fatal.

En el campo de la corrupción administrativa que en el continente afecta indiscriminadamente a países gobernados por partidos de orientación ‘populista, de ‘izquierda’, ‘centro’ y ‘derecha’, la lucha debe ser frontal e implacable a todos los niveles de las instituciones del Estado.

Si queremos construir una sociedad más equitativa y en paz, no pueden ser pan de cada día, escándalos como el de Reficar, el robo a los recursos destinados a la alimentación de los niños, ejecución de obras públicas y al deporte, como recientemente sucedió en el Tolima, con las partidas destinadas a la construcción de escenarios para los pasados juegos nacionales, o en el Cauca, con $453 millones para promoción de los Juegos intercolegiados ‘Supérate’ .

En apartados municipios del Chocó, Nariño, Arauca y en el Cauca, como Guapi, y hasta en el Bronx, en Bogotá, cerrados grupos de socios, familiares y bandas aliados con narcos, mineros ilegales y ‘bandas criminales’ acaparan casi todas las actividades económicas licitas e ilícitas, en complicidad con miembros a sueldo de las Fuerzas Armadas, los organismos de control y fiscales y jueces a sueldo.

En el caso de la investigación en Indeportes Cauca, sólo han revisado uno de los numerosos contratos firmados por la directiva detenida; pero según conocedores del tema, la responsabilidad se extiende a altos funcionarios de la anterior administración departamental que buscaban apuntalar su fortín electoral para asegurar curules en futuros comicios.

La nueva sociedad colombiana en paz, necesita que cese la violencia y economía ilegal de guerrilleros, paramilitares y bandas armadas. Pero también la de las ‘bandas desarmadas’ que se sirven de las primeras para robarse, en medio de sonrisas y aplausos de la galería recibiendo migajas, los recursos de todos los colombianos.