Editorial: Construcción y financiación de proyectos
Una vez conocido que el Gobierno extendió el aislamiento obligatorio hasta el 11 de mayo, entre reputados analistas económicos ha generado tranquilidad que poco a poco algunos sectores se irán reactivando en procura de evitar que la actual parálisis cause más muertes que la Covid-19, apertura que se dará en renglones que tienen que ver con el transporte, infraestructura, construcción, manufacturas sobre alimentos procesados, plásticos, petroquímicos, agroindustria y todo lo que esté asociado con elementos de salud.
Uno de esos sectores es el de la construcción, que volverá a reactivarse a partir del próximo 27 de abril, por supuesto, con protocolos para que los trabajadores de este trascendental renglón puedan regresar a operaciones conforme con los reglamentos dictados por el Gobierno para reducir la exposición y contagio del nuevo coronavirus.
Según el Ministerio de Vivienda 980 mil trabajadores hacen parte del sector de las edificaciones, razón por la que hay que preservar la continuidad de esos empleos para contener el avanzado deterioro de la calidad de vida de millares de colombianos que están bajando a estratos más débiles a pasos agigantados, sin siquiera moverse de sus actuales viviendas.
A nivel de Popayán, y como lo dijimos en un informe periodístico en la edición del pasado miércoles, con el reinicio de las obras, se espera que unas 2.167 nuevas viviendas, puedan ser llevadas a buen término en diversos proyectos habitacionales ubicados en diferentes sectores de la capital caucana y generan alrededor de 9.100 empleos.
Sin embargo, hay un elemento que no se ha tenido en cuenta por el Gobierno y que será determinante no solo para la financiación de los proyectos inmobiliarios y de infraestructura, pero también para la adquisición de inventarios por parte de actuales o potenciales compradores.
Nos referimos a la parálisis del servicio del registro de instrumentos públicos inmobiliarios, pues sin estas oficinas funcionando, no será posible concluir los procedimientos jurídicos necesarios para solemnizar los actos y contratos relativos al mundo de la infraestructura y de la edificación, promoción y venta de bienes raíces.
Tal vez sea el momento para aprovechar la implementación de figuras y alternativas que revolucionen ese campo, con propuestas que se han lanzado, tales como: (i) todos los procesos deben constar en la página de la Superintendencia de Notariado y Registro, en donde se les podrá hacer seguimiento, imponiendo que en un término no superior a 12 meses deben estar implementados en todo el país los procesos online notariales y registrales; (ii) introducir la figura del silencio administrativo positivo en todo acto en el que comparezcan instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera o entidades del Estado; (iii) Si el acto registral no es resuelto en un término no superior a 30 días, se constituirá en causal de mala conducta para los funcionarios respectivos; (iv) antes de dos años las notarías se encargarán de trasladar directamente las escrituras y otorgamientos públicos a las Oficinas de Registro, las cuales deberán validar en línea los actos notariales; y, (v) al tiempo, se deberían actualizar las bases de datos de las secretarías de Hacienda y del Igac. No mencionan aquí propuestas más radicales.
Y es que no toda la carga y eficiencia de este sector puede dejarse en manos de los particulares.
Comentarios recientes