Desarrollo agrario y neolatifundismo (I)

FERNANDO SANTACRUZ CAICEDO

[email protected]

En Colombia LA TIERRA representa el summum de nuestras tragedias. Su historia se condensa en disputas armadas, políticas económicas, normas jurídicas y confrontaciones sociales.

Instaurada la colonia, las tierras aborígenes pasaron a manos de la corona y la nobleza española. Alcanzada la independencia política, mutó en propiedad de la aristocracia criolla, los libertadores, los jefes militares y políticos. Establecida la república, se transfirió a la oligarquía, los latifundistas, los letrados, los comerciantes y, desde hace cuatro décadas, los narcotraficantes. Los instrumentos para adquirirla han sido variados: donaciones y bonos del Estado, confiscaciones, compraventas, colonización, violencia y saqueo, titulaciones ilegales y apropiación ilícita de tierras fiscales, entre otros.

Siglo XIX. Los baldíos asignados entre 1827-1931 abarcaban menos del 3% de los predios escriturados del país. La tierra, valorizada por el trabajo de los colonos, despertó la codicia de los propietarios y éstos trataron de expulsar violentamente a aquellos, o de implementar leguleyadas para lograrlo. En la segunda mitad del siglo XIX, la expansión de cultivos  comerciales (caña, tabaco, añil) y, principalmente, café (1870-99), en lotes asignados por los terratenientes a los aparceros a cambio de una participación en las cosechas, generó confrontación entre latifundistas y campesinos porque “no podían” dividir equitativamente cuánto correspondía a cada uno. Durante el mismo período, en las zonas de colonización -Tolima, Cundinamarca, Santander, Antioquia-, los conflictos entre terratenientes y colonos emergieron porque la ley permitía, en 1882, a los ocupantes de buena fe convertirse en dueños de los baldíos titulados pero inexplotados. Los colonos asumieron que la tierra sin utilizar era pública, la descuajaron y cultivaron, enfrentándose con los latifundistas.

Siglo XX. En 1926 la Corte Suprema de Justicia sentenció que para lanzar a los colonos era forzoso que los latifundistas exhibieran los títulos expedidos por el Estado, a efectos de morigerar los choques entre ellos. En 1928, en la costa atlántica, sindicalistas y aparceros que luchaban por sus reivindicaciones laborales contra empresarios extranjeros -United Fruit Company- provocaron la masacre de las bananeras. La ley 200/36 [López P.] presumía: i) propietario de la tierra a quien la ocupara de buena fe; ii) el trabajo origina la propiedad; iii) ineficaces los títulos inscritos contra colonos “honrados”; iv) baldías, las tierras inexplotadas. Revertía al Estado los fundos sin explotar. Legislación de avanzada, sin duda, pero convertida por las autoridades en ¡normas ineficaces! Los latifundistas “exhibieron” sus títulos; la ganadería extensiva consolidó la gran propiedad, pues era considerada como forma de explotación eficiente. La ley 100/44 [López P.] reguló la aparcería, su conveniencia económica y social -producción de alimentos- y prohibió a los aparceros los cultivos permanentes. En 1945 el gobierno propició la concentración latifundista, la colonización de selvas y baldíos (Urabá, Magdalena medio, zonas bajas, Llanos Orientales, Caquetá).

Los grandes predios transmutaron en modernas plantaciones (algodón, arroz, sorgo, ajonjolí). La ley 135/61 [Lleras C.], implementada por Lleras Restrepo, encargaba al INCORA de administrar las tierras fiscales, adjudicarlas, constituir reservas y adelantar colonizaciones.