La Constitución Política de Colombia en su artículo 24 consagra que: “Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia.”
El Derecho a la Libre Locomoción o a la Libertad de Circulación es el derecho que tenemos todos los ciudadanos sin distingos de razas, credos o condiciones sociales de transitar libremente por todo el territorio nacional de los estados donde impera por encima de cualquier consideración el Estado Social de Derecho.
Este Derecho no puede ser coartado, por nada ni por nadie, salvo las limitaciones que establezca la ley, que debe regularlo o restringirlo muchas veces para proteger derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud, o para armonizar la sana convivencia ciudadana, caso de la normatividad de tránsito y transporte que lo reglamenta para prevenir accidentes de tránsito salvaguardando un bien mayor, o estableciendo la forma de circulación en vías y calles para sistematizar la movilidad y mejorar la calidad de vida ciudadana.
Igualmente, está consagrado y amparado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por representar esa libertad que todo ser humano desde la prehistoria ha tenido para moverse y trasladarse de un sitio a otro en el universo.
Por ello, ninguna asociación u organización del tipo étnico que sea, llámense como se llamen, por las razones que aduzcan, pueden impedirnos la libre circulación en nuestro territorio, especialmente por una vía arteria fundamental de nuestro Departamento como lo es la carretera Panamericana, sin que ello determine un flagrante atropello y violación a nuestros derechos humanos como el derecho a la vida, a la salud, al trabajo, a la educación, al libre comercio, y un grave perjuicio para las economías de los municipios y centenares de comunidades.
La obstaculización de la libertad de locomoción por esta vía, creando zozobra e intranquilidad y alterando el orden público, con insensatos y atentatorios taponamientos, confirma las continuadas y precisas violaciones de sus promotores a los derechos fundamentales de payaneses, caucanos y colombianos que por allí transitamos, las cuales deben ser investigadas por autoridad competente, pues son causa de gravísimos perjuicios a quienes tienen que ir a sus trabajos, a estudiar, a recibir atención médica, a ejercer sus profesiones, con una consecuencial afectación del orden social y económico de toda la región.
Tan lamentables, recurrentes y sistemáticas violaciones a este derecho del pueblo caucano y payanés, víctima de estos incoherentes actos que conllevan al desequilibrio y rompimiento de las relaciones sociales entre quienes las causan y el resto de la colectividad que representa las grandes mayorías, perturbadas por esta otra tipología de violencia, repudiada categóricamente por todos, tampoco puede quedar en la impunidad.
Entendemos perfectamente la importancia de la libre expresión y el derecho a la protesta social, pero las vías de hecho y estos métodos no son el camino para justificar los fines que persiguen, que no es otra cosa que la adquisición de más tierra, a la que también tienen pleno derecho otros importantísimos sectores sociales, cuando se están perturbando bienes superiores de toda una sociedad mayoritaria, que obligan a que las autoridades adelanten las acciones legales necesarias para garantizar el libre ejercicio de estos derechos violentados.
Las reivindicaciones sociales no pueden tomarse como excusa para optar por procedimientos como estos que solo conllevan a crear más violencia como la vista en los últimos días en nuestras carreteras Panamericana y del norte del Departamento, con los lamentables y consecuentes resultados de todos conocidos.
Invitamos a la sensatez y al diálogo pacífico, que sea beneficioso para la estabilidad del pueblo caucano y de toda una sociedad que debe reaccionar y pronunciarse, porque este es un problema de todos y no solamente de una etnia, que permita subsanar diferencias, entendiendo que el derecho de cada quien llega hasta donde empieza el de los demás.
No más taponamientos a la vía Panamericana que es patrimonio indivisible del pueblo colombiano.
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