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Existen derechos que no son fácilmente aceptables por muchas personas –“les caen gordos”-, como el libre desarrollo de la personalidad, los sexuales y reproductivos, los derechos sociales y culturales. No se aceptan como las demás garantías fundamentales.
Probablemente estas prerrogativas, o los sectores sociales a los que se aplican, se sustentan en valores religiosos o culturales diferentes a los hegemónicos, como cuando se hostiga a quienes son creyentes de otras iglesias o credos, o a los integrantes de otras culturas; igual puede pensarse con las xenofobias.
También se puede tratar de derechos que en su aplicación desvirtúan rígidos controles sociales. Ejemplo de ello es el libre desarrollo de la personalidad que es negado a jóvenes consumidores, lo cual no significa que se esté aceptando o claudicando ante los narcotraficantes. Ocurre también con los derechos territoriales comunitarios que cuestionan las políticas de las élites.
Surgen problemas al poner en ejercicio algunas libertades a las que las sociedades no se han acostumbrado, lo que significa que dichas libertades tienen límites debido a los lugares y momentos en que se viven. Los reconocimientos se ven limitados por normas y costumbres que siempre serán debatibles, no absolutas.
Otra probable razón radica en el hecho de que quienes defienden estos derechos son sectores que en el pasado fueron problemáticos, o políticamente inconvenientes, como los derechos de los pobres que siempre han sido negados, las garantías a los defensores de derechos humanos –vistos como problemáticos- que representan la dignidad humana individual y colectiva, por lo cual los Estados deben privilegiarlos. Pero tanto instituciones como personas sufren graves persecuciones porque estas defensas hacen contrapeso a los abusos de los poderes.
Pueden considerarse que las reivindicaciones son costosas porque exigen acciones afirmativas, o que exigen trámites y requisitos engorrosos, como ocurre con los derechos de los consumidores que implican realizar pruebas de calidad en productos y procesos; también los derechos económicos, sociales y culturales involucran inversiones presupuestales, por lo que las legislaciones hablan de “gradualidades” en su reconocimiento, y de “requisitos fiscales” a cumplir, todo para protegerse ante eventuales reclamaciones por incumplimientos.
También es posible que las causas de algunos rechazos se encuentren en las propias causas, como sucedería con los derechos territoriales que seguramente chocarían con propiedades privadas entendidas estas como derechos absolutos. (Todos los derechos son exigibles, pero cada caso concreto se juzga por aparte). Igualmente, los derechos humanos en general y los no humanos –los de la naturaleza- son difundidos “como exigencias de las ideologías de izquierda”, porque afectan a determinadas personas o grupos ligados a las diferentes formas de poder.
Ocurre que algunos respetos debidos son vistos como excesivos, o que se conceden más allá de los otorgados a todos, como los que se garantizan a sectores vulnerables o en riesgo de extinción. Se trata de circunstancias especiales que justifican esos tratamientos, como pasa con las etnias y las minorías, o con el reconocimiento de méritos especiales y de reparaciones a víctimas. Lugar destacado ocupan también los campesinos que tienen consideraciones especiales en opinión de la ONU, pero que Colombia todavía no reconoce.
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