Docente Programa de Ciencia política
Los colombianos gastamos mucha energía en examinar sólo las consecuencias de los problemas sociales y no sus causas. Sólo un ejemplo: se lleva cabo en los últimos días un debate acerca del proyecto de referendo que pretende restringir el mecanismo de la adopción exclusivamente a familias conformadas por parejas heterosexuales. Para ello se recogieron 2.300.000 firmas que respaldaron tal iniciativa.
El país se ha metido de nuevo en una polarización, muy parecida a la que vivimos con el plebiscito por la paz. Opiniones van opiniones vienen: en una esquina están quienes le dicen No a dicha iniciativa: el vocero de la Procuraduría dice que el concepto de familia no puede ser definido mediante una decisión tomada por las mayorías. El vocero de la Defensoría del Pueblo, plantea que ese referendo sustituye la Constitución ya que se eliminaría el principio de igualdad. El vocero del Ministerio de Salud arguye que tal propuesta es inconveniente para los niños de Colombia. Se citan estudios que han concluido que los niños que viven en hogares homoparentales viven igual que los niños que crecen en familias del mismo sexo.
En la otra esquina, los voceros del comité promotor del referendo, los del SI; piden a la Comisión Primera de la Cámara que le dé vía libre al referendo “para que el espíritu de la soberanía popular esté presente en la construcción del destino del país” (suena bonito, sin lugar a dudas). Continúan diciendo que seis magistrados detrás de una puerta (en un Estado de opinión importa más la cantidad que la calidad de la participación) no pueden imponerle a los colombianos una modificación del concepto de familia sin tener en cuenta el pensamiento del pueblo y la fe de más del 90% de lo colombianos que creen en Dios (se apela de nuevo a la cantidad). Inmediatamente agregan que el referendo no puede considerarse como discriminatorio, porque la adopción no es un derecho. Lo que se busca es priorizar, dicen, la preocupación sobre la familia que sobre los niños. Es decir, discutir “cuál es la familia a la que vamos a entregar esos niños”.
Ahora, debo subrayar que a éste debate le antecede un debate aún mayor: el del control de la población. Este Debate nos pone de frente al problema de la pobreza y por lo tanto nos evidencia la precariedad del Estado colombiano para alcanzar un desarrollo económico sostenible. En términos generales, el número de habitantes en América Latina ascendió en 2016 a 625 millones de personas, seis millones más de las que se había estimado en el año 2015 (según el Observatorio Demográfico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2016). La población latinoamericana seguirá creciendo y se calcula que alcanzará 680 millones en 2025 y 779 millones en 2050. Un total de 175 millones de personas viven en la pobreza en América Latina. El número de personas en situación de pobreza creció en 2 millones de personas con respecto al año anterior, 2015.
Para el caso de Colombia la última Encuesta Nacional de Demografía y Salud, muestra que el número de hijos por pareja está en promedio 2.35. Esta cifra aumenta en 5 hijos por pareja en los Departamentos en donde hay más pobreza como en Chocó, la Guajira, Arauca, el Magdalena Medio, la Amazonía y en los estratos 1, 2 y 3 de la población en general. El 34% de los hogares tienen una mujer como cabeza de familia, el 44% de los niños vive solo con uno o ninguno de los padres y el 52% de los embarazos ocurridos en los últimos años no han sido deseados y/o no son planeados. (Ver Congreso Visible, 2016).
Las cifras de la pobreza en nuestro país están en el 46%, lo cual representa 20.5 millones de personas y las de indigencia en el 17%. De estas cifras más de la mitad son niños en la pobreza o en la extrema pobreza y que en un buen porcentaje son además víctimas de la violencia física, psicológica y sexual (Ibid, 2016).
Finalmente, el Estado colombiano debe diseñar una política pública rigurosa de educación y de regulación de la población que ataque la pobreza. El Estado de opinión sólo le importa “armar” show mediáticos, pero no sirve para develar las causas y las soluciones de los problemas sociales del país.
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