FELIPE SOLARTE NATES
Si una región anhelaba que cuajara el proceso de paz y mayoritariamente voto por el SI en el plebiscito, es la suroccidental y especialmente el departamento del Cauca, donde municipios como Toribío y Argelia sufrieron trágicas experiencias a raíz de frecuentes tomas guerrilleras y combates.
Por su posición geográfica es un disputado cruce de caminos: por el sur limita con Nariño y la bota caucana comunica con la Amazonía del Putumayo y Caquetá; al oriente, por la cordillera central con el Huila, Tolima y Valle; por el norte con la zona agroindustrial azucarera y parques industriales instalados alrededor de Cali; y al occidente con el Pacífico, ofreciendo en sus inhóspitos rincones terreno fértil para el cultivo y procesamiento de coca y la minería ilegal, mientras los ríos caudalosos les sirven para sacar los cargamentos, vía marítima, rumbo a Centroamérica, Estados Unidos y Europa.
Con el informe publicado, el 15 de noviembre, en El Espectador y el canal You Tube, por el investigador Ariel Ávila y la periodista Andrea Aldana, a medida que se fortalezcan los diversos grupos armados que operan en su vasto e intrincado territorio, sobre el departamento del Cauca, se ciernen tiempos peores, como consecuencia de la pésima ejecución de los acuerdos de Paz.
De nuevo las organizaciones indígenas, campesinas, comunidades negras, defensores de derechos humanos y ambientales, al igual que los reinsertados que continúan en los acuerdos, sienten temor ante el creciente exterminio de líderes cometido, por quienes se ven perjudicados por su oposición al narcotráfico, minería ilegal y ejecución de macro-proyectos mineros e hidroeléctricos y agroindustriales.
Se valen de la profusión de grupos armados, para “tirar la piedra y esconder la mano”, descabezando a las organizaciones comunitarias. “Eso es lo que buscan”-dice un líder indígena,- “aprovechar el revoltijo, para echarse la culpa entre ellos y seguir matando nuestros líderes que se oponen a que se adueñen de nuestros territorios”.
Favorecidos los violentos, según algunos analistas, por la demora en copar el territorio durante los estertores del gobierno de Santos y la política de hacer trizas los acuerdos, impuesta a Duque por el uribismo radical, a pesar de la puesta en marcha de algunos proyectos productivos y obras de infraestructura en los municipios calificados Pdet, las cuales equivalen a emplastos de agua tibia, en medio de la pandemia guerrera.
Le quitaron la columna vertebral al acuerdo con las Farc, al frenar la Reforma Agraria Integral, la Restitución de tierras y la sustitución de cultivos de coca, mientras intentan acabar con la JEP y la Corte Suprema que se atrevió a investigar a Uribe, para desacreditar y acabar el proceso de paz con las Farc, después que descartaron la negociación con el Eln.
Han centralizado los acuerdos en apoyar algunos proyectos productivos entre las comunidades y algunas vías, centros de acopio y otras obras, como para mostrar que están invirtiendo los aportes internacionales a la consolidación del proceso de paz, “como para apantallar, mientras los grupos armados se fortalecen y transitan como Pedro por su casa”.
Como lo denunció el alcalde de Páez, cerca de 35 niños han sido reclutados, a la fuerza o mediante engaños, por varios de estos grupos, que después de cerca de tres años de tranquilidad en sus territorios, al desmovilizarse los frentes de las FARC, de nuevo enfrentan a la población, a la paranoia de los diversos actores armados, que los sindican de colaborar con el enemigo y en medio del fuego cruzado los convierten en objetivos militares.
Según la entrevista concedida por el comandante “Yonier”, de la disidencias de las FARC, el mapa caucano, fuera del Ejército y Policía, -que a pesar de tener cerca de 10.000 hombres en su dispersa geografía poco pueden hacer para controlarlo-, se lo disputan diversos grupos poderosamente armados, entre los que están: tres tendencias de guerrilleros de las “disidencias”, la Nueva Marquetalia, cuadrillas del ELN, paramilitares reciclados de las autodefensas gaitanistas, y otras bandas que defienden cultivos, laboratorios y rutas de cárteles nacionales y mexicanos.
Ahora que el gobierno se apresta a iniciar la fumigación de cultivos de coca en el Cauca y otras regiones del país, se agudizará el conflicto armado con los campesinos cocaleros y comunidades indígenas, afro-descendientes y campesinas, de carne de cañón, en medio de la fuerza pública y los diversos grupos armados.