Cultivos de uso ilícito un ‘cortocircuito’ al desarrollo del Cauca

12:00 pm 24-febrero

Por: Olga Portilla Dorado

@olguitapd

Las pérdidas no técnicas en la Compañía Energética de Occidente del año pasado estuvieron alrededor de los 23 mil millones de pesos, o sea un total de 103 gigavatios (hora/año), lo cual equivale a cinco veces el mercado energético de Popayán o cinco veces el mercado de las industrias del norte del Cauca.

Aunque el panorama no es nuevo, y estas cifras se conocen desde hace ocho años cuando la empresa inició su operación en el Cauca, nuevamente y gracias a un estudio realizado por la Universidad de los Andes, aparece en el contexto la relación entre la gran cantidad de cultivos de uso ilícito como la marihuana y las pérdidas no técnicas (robos) de energía, en sus “diferentes modalidades” (conexiones fraudulentas, desperdicio de energía y la ‘costumbre’ del no pago por parte de los usuarios).

El estudio denominado ‘energía eléctrica, seguridad, cultivos ilícitos y acción colectiva’, liderado por el economista Hernando Zuleta, director del centro de estudios de desarrollo económico de la Universidad de los Andes, se realizó porque se consideró “fundamental desde una perspectiva de desarrollo y desde el posacuerdo. El Cauca, es un Departamento crucial para la implementación exitosa de los acuerdos de paz, y solo en la medida en que estemos solucionando este tipo de problemas vamos a generar aprendizajes para dar solución al desarrollo territorial y la construcción de estado en los territorios”.

Entre los hallazgos más importantes del estudio está la magnitud de las pérdidas no técnicas, ya que durante 2017, por ejemplo, de la energía distribuida en los 38 municipios donde la CEO presta sus servicios, las pérdidas representaron el 20% de esa energía.

“Durante 2017 el promedio de energía no facturada fue de 34,5%, es decir: acometidas fraudulentas y/o alteración de medidor. Hay casos que son extremos, por ejemplo en el municipio de Toribío las pérdidas no técnicas (los robos de energía) tuvieron un porcentaje de 80,2%, o sea esa energía que se entregó no se pagó”, explicó el economista.

Así mismo, municipios como Corinto, Argelia, Sucre, Jambaló, Almaguer, La Vega y Bolívar, presentaron más del 50% en pérdidas no técnicas.

De acuerdo con el gerente de la Compañía Energética de Occidente, Omar Serrano, estas pérdidas “las paga exclusivamente la empresa. Tal es la magnitud de la energía que se pierde en estas zonas de manera ilegal, que alcanzaría para darle servicio a todo el municipio de Popayán”.

Comunidad señala mala calidad del servicio y ‘apagones’

Según el economista, investigaciones realizadas posteriormente y que ya están documentadas, el robo de energía se relaciona directamente con la escasez de la misma, y eso ocasiona un incremento en el valor del servicio (tarifas más altas), y en opinión de los usuarios un mal servicio por los cortes o apagones.

El gerente de la CEO señaló que desde hace cuatro años están haciendo un trabajo sistemático en esa zona, diciéndoles que no es posible pedir un servicio de calidad cuando hay conexiones ilegales en la red, por eso se les impulsa a que legalicen y la empresa afirma está dispuesta a invertir, pidiendo a cambio se pague por el servicio.

“Las familias que consumen energía de forma gratuita no tienen incentivos de forma responsable, en la medida que tenemos más y más individuos consumiendo energía de forma gratuita, tenemos más consumo innecesario e irresponsable, lo cual redunda en sobrecarga del sistema que genera apagones y que reduce la calidad”, dijo Zuleta.

Y es aquí donde entonces aparece uno de los hallazgos más relevantes y es que un gran porcentaje de esos “robos” se relacionan directamente con el uso de esa energía para los invernaderos de marihuana que hay construidos, en su mayoría, en la zona norte del Cauca.

Por ejemplo, para los investigadores no es normal que municipios como Toribío y Corinto presenten una actividad lumínica, en las noches, similar a la que genera Popayán.

“Las alertas lumínicas son fotografías aéreas que permiten ver dónde hay actividad lumínica especial, por ejemplo en Popayán hay muchas alertas lumínicas, es normal, porque es una urbe, es normal que haya luz en las noches, pero en municipios como Toribío o Corinto, no es normal una actividad de esas dimensiones, y aquí tenemos una perdida energía”, explicó Zuleta.

Recordemos que en Toribío hay un 80,2% de pérdidas no técnicas, es decir que mucha gente se conecta de forma ilícita a las redes o alteran los medidores, “es como si hubiera un acuerdo implícito de no pagar por el uso de la energía, como si existiera una especie de consenso social para aprobar ese comportamiento”.

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¿Habrá soluciones?

Una de las dificultades que ha tenido la empresa para actuar frente a estos hechos, es que aún existen zonas vedadas para la Compañía, donde sus técnicos no pueden llegar porque hay comunidades que se enfrentan con ellos o porque hay presencia de grupos ilegales en la zona, sumado a ello está el hurto de herramientas, materiales, equipos, incluso vehículos de la empresa.

Sin embargo, de acuerdo al gerente de la CEO, en algunos territorios han logrado hacer acuerdos con las comunidades para que ayuden a identificar las conexiones ilegales, y la empresa legalizarlos y hacer inversiones, como asegura se han hecho en dos subestaciones en el norte.

“Hay que tomar medidas desde los diferentes actores que tienen responsabilidad en esto, la CEO, los gobiernos locales y el Gobierno Nacional, a nosotros nos dicen que debemos profundizar labores de responsabilidad social en esas regiones, hacer más presencia, lo estamos haciendo hoy a través de paneles solares en las escuelas para que la población no se vea afectada cuando haya problemas de desconexiones, apoyamos labores productivas en la región. Hay un ejemplo bonito en Popayán que se puede replicar, aquí habían 2.600 usuarios subnormales en más de 40 barrios, los normalizamos y hoy ellos disfrutan de un servicio normal y nos pagan por él”, señaló Serrano.

Así mismo, la Compañía y la investigación de Uniandes coinciden en que desde el Gobierno Nacional se podría apoyar y hacer más presencia en los territorios con actividades legales en esas zonas, de cultivos lícitos, incluso proyectos de marihuana medicinal; procurar un mayor control territorial de parte de las autoridades, que haya mayor coordinación, construcción de estado, de legitimidad y de diálogo con las comunidades.