La magistrada Diana Fajardo es quien posee la demanda a favor del proyecto que plantea la posibilidad de que la eutanasia se aplique a partir del diagnóstico de una enfermedad terminal, siempre y cuando sea la voluntad de la persona. Actualmente el Ministerio de Salud ha autorizado la aplicación de la eutanasia solo cuando hay agonía e intenso dolor.
La eutanasia es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la “acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente”, y fue despenalizada desde 1997 por la Corte Constitucional. Desde entonces se le ha pedido al Congreso que legisle y regule este derecho.
Hasta el momento se han presentado 13 proyectos de ley en Colombia relacionados con la reglamentación del derecho a morir dignamente. Todos han sido ‘tumbados’ en el proceso.
La falta de legislación ha ocasionado que quienes pretenden acceder a la muerte digna estén en un ‘limbo’ legislativo al depender, únicamente, de la decisión de un comité médico, el cual debe evaluar las condiciones del paciente y, si considera que tiene una enfermedad terminal, accede a realizar el procedimiento.
“El Congreso debe decir con precisión y claridad quién y en qué condiciones puede acceder a ese derecho para brindar seguridad jurídica, porque en muchos casos los médicos no quieren asistir a las personas que toman la decisión de morir de forma digna”, aseguró hace pocas semanas en entrevista con ‘La W’ el congresista Juan Fernando Reyes Kuri, quién impulsó el último proyecto para reglamentar la eutanasia.
El pasado 8 de abril, la Plenaria de la Cámara de Representantes desarrolló un debate sobre la reglamentación de la eutanasia en Colombia. Esto a raíz del proyecto presentado por el representante Juan Fernando Reyes Kuri, que establecía disposiciones generales para el acceso al derecho fundamental a morir dignamente.
La iniciativa fue hundida de manera particular, pues no se dio en medio de una votación en la que los opositores a la propuesta hubieran alcanzado la mayoría, sino por falta de quorum.
Al tratarse de una ley estatutaria, este proyecto necesitaba mayorías especiales, es decir, requería la votación positiva de más de la mitad de los miembros de la corporación (169 representantes). Esto significa que requería mínimo 85 votos, y la votación final fue de 82 a favor y cinco en contra, lo que implica que cerca de 70 congresistas se ausentaron del debate.
La usencia de varios representantes en el debate para no aprobar el proyecto, fue cuestionada en la esfera pública, sin embargo, es válida legislativamente. Pero más allá de la decisión se hay un debate complejo que involucra argumentos morales, al tratarse de la terminación de la vida de las personas.
Los opositores de la reglamentación argumentan que se trata de un atentando contra la vida. “Este es un proyecto que le abre la puerta a la muerte, morir con dignidad es, precisamente, que la vida es el derecho fundamental«, señaló el congresista Erwin Arias, quien también sugirió que el proyecto hace referencia al suicidio.
Por su parte, quienes están a favor de la reglamentación aluden a la normatividad y exigen el respeto a la libertad individualidad. “Yo creo que las sentencias de la Corte Constitucional son supremamente claras y transparentes, y puedo decir que ratifican de manera reiterada el exhorto para que el Congreso reglamente la eutanasia”, manifestó el congresista César Lorduy.