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JORGE ELIECER ORTIZ FERNÁNDEZ
El 26 de agosto de 2018 hemos sido convocados los y las colombianas para que por intermedio de 7 preguntas que refrendó el Congreso de la Republica, manifestemos en las urnas, si estamos o no de acuerdo con la corrupción. Sobre este tema en particular se han dado todos los debates posibles y en todos los escenarios que la democracia así lo permite.
En la discusión, he podido observar que políticos avezados se han dado a la tarea de recorrer la geografía colombiana haciendo conocer sus posiciones, unos en contra, otros apoyando la iniciativa que nace del llamado partido verde y que a decir verdad dieron la batalla logrando el apoyo unánime del congreso para que finalmente la Registraduría del Estado Civil prepare toda la logística necesaria para conocer finalmente la decisión del constituyente primario, lamento eso si no poder entregar cifras de lo que costara al erario público, pero seguramente no variara mucho referente a las últimas jornadas electorales, pues como de todos es conocido, es una jornada que requerirá la misma estructura.
Las preguntas a contestar en la consulta, en mi modesto saber y entender, realmente y es mi punto de vista, dejan muchas dudas, hasta el punto de preguntarse, si con la aprobación mayoritaria por parte de los votantes, subsanara el tema de la corrupción, por ejemplo, bajando la remuneración de congresistas y altos ejecutivos del estado, a decir verdad, conociendo las decisiones que se toman en estas dos dignidades, es necesario revisar, si, el perfil de las personas que ostentaran estas responsabilidades darán la talla, un claro ejemplo, lo estamos viviendo por estos días con las personas que están siendo reconocidas como Ministros para el Gobierno Duque, son perfiles de altos ejecutivos, que en empresas privadas seguramente lograrían mayor remuneración a la que obtendrían con el estado, una baja remuneración donde se maneja la administración de un presupuesto billonario y donde existe el poder del lobby pondría en grave riesgo el manejo pulcro de lo público.
En sintonía con las otras 6 preguntas de la consulta, digamos que, SI, a cárcel para corruptos sin esguinces a la ley; desde luego, SI, a la contratación transparente, que aplique a los entes locales en lo referente a la publicidad y de las entidades descentralizadas; recuerdo que ha sido una lucha permanente de las Asociación de Junta Comunales para que los presupuestos de inversión, caso Empresa de Acueducto y Alcantarillado, se incorpore al presupuesto participativo, claro, obteniendo como respuesta un rotundo NO, en consideración a que se deben pagar “favores” de campaña.
Importante que las comunidades que apoyan aspiraciones parlamentarias, conozcan las ejecutorias en favor de la ciudadanía, para citar claramente, temas como el Ajuste al Habeas Data que en esta oportunidad le apunta a devolverle al ciudadano moroso su habilitación crediticia, actoria del Senador Luis Fernando Velasco Chaves, o para mencionar la Ley de Paramos del Representante Crisanto Piso Masabuel.
En fin son 7 preguntas que pretenden sintonizar a la población colombiana en un mal que carcome las instituciones públicas, en veces azuzada por el sector privado, pero que definitivamente requiere el compromiso de todos, de manera especial de quienes tomamos decisiones a la hora de elegir aspirantes a administrar la cosa pública que están antecedidos por acciones que deslegitiman su presencia en dignidades que requieren de personas con independencia íntegra y mental.
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