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Eliana Gómez Hurtado
Luego que el pasado 31 de enero se presentaran algunas dificultades entre los integrantes del Ejército Nacional y los cultivadores de hoja de coca de la vereda La Independencia del municipio de Cajibío, al parecer porque la fuerza pública estaba erradicando los cultivos de uso ilícito, los congresistas caucanos opinaron sobre esta situación en particular y además sobre la necesidad de una política de sustitución inmediata.
Al respecto, Feliciano Valencia, senador del Movimiento Mais, indicó que para no llegar a estos conflictos se deben implementar los acuerdos que se pactaron en La Habana, Cuba, en materia de superación de las drogas y la presencia de cultivos de uso ilícito. Un acuerdo que según el congresista, vino acompañada de la conformación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Pnis, cuyo criterio principal fue la erradicación voluntaria y no forzosa como se ha presentado en algunas zonas del país.
Sin embargo para Valencia, este programa fracasó “debido al precario diseño y el incumplimiento por parte del Gobierno, seguidamente este mismo optó por regresar a la política de erradicación forzada sin descartar la utilización del glifosato. Lo anterior, y ante la puesta en marcha de los planes de erradicación forzada, está haciendo que muchas comunidades que sobreviven de esta actividad, se opongan y es por eso que se están presentando choques en varias regiones del país”, explicó el dirigente.
Lo que no comparte el senador, es que el Estado haya generado tantas expectativas sobre este tema para luego no cumplir con los acuerdos pactados, “irremediablemente estos hechos de oposición terminarán en confrontaciones”, agregó el líder indígena.
Por su parte, Temístocles Ortega, senador por el Cambio Radical, dijo que la erradicación de los cultivos de uso ilícito es una decisión de política pública abordada en el país desde hace muchos años, en donde se han utilizado diversos mecanismos y procedimientos desde la aspersión con glifosato hasta la erradicación voluntaria.
“Los cultivos se han disminuido e incrementado según esos mecanismos. Nunca han desaparecido. Es claro que esos cultivos deben erradicarse. El narcotráfico ha hecho un inmenso daño al país, es el combustible de la guerra, pervierte la niñez y la juventud, distorsiona la economía, destruye el tejido social, genera la cultura del dinero fácil, sin esfuerzo alguno y además afecta negativamente la imagen del país”, precisó el exgobernador del Cauca.
Aunque el dirigente está de acuerdo con la erradicación de los cultivos de uso ilícitos, hace un llamado al Estado para que estructure una política de erradicación que garantice la seguridad de los productores y además las inversiones necesarias para la sustitución.
“Es claro que la sola represión ha demostrado no ser eficaz. A las mafias hay que enfrentarlas como lo que son y un nivel de diálogo y concertación que involucre a los cultivadores en la erradicación”, recalcó Ortega.
De otra parte, para el representante Carlos Bonilla este proceso de erradicación de cultivos ilícitos se debe hacer de manera concertada con las comunidades, “que se pueda discutir, porque el Cauca en esencia es una bomba de tiempo, entonces quisiéramos que este tipo de enfrentamientos no se dieran, entender la realidad de este tipo de cultivos en la región, pero también la realidad histórica del departamento y la necesidad de que el Gobierno pueda encontrar los mecanismos en cuanto a proyectos e inversión para que estos procesos se den, reciban de la gente confianza para implementar la sustitución”.
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