Comunidades negras del sur del Cauca sujetas de derechos desprovistos de garantías
Antes de la avanzada transatlántica, la región del Patía estaba habitada por indios Pátias, Sindaguas y Caguazaras, durante la conquista estos pueblos fueron aniquilados, después descendientes africanos libres por sus luchas llegaron al valle geográfico y se instalaron en diferentes puntos formando el remembrado “palenque del castigo”. Hijos e hijas de África traídos a esta América india, por cuenta de la voracidad extrativista de colonizadores empeñados en desocupar las entrañas de un territorio ajeno.
Las comunidades afropatianas conviven en el territorio dedicadas principalmente a labores agropecuarias; décadas atrás se podía apreciar un paisaje de algodón, millo, maíz, frutales, entre otras, que le permitían al pueblo agricultor vivir de sus parcelas. Paulatinamente y con la misma velocidad que se han ido alejando los intereses de los gobernantes de los intereses del sector rural, este paisaje desapareció. Hoy entre las políticas de gobierno y las constantes oleadas de sequía e inundaciones el pueblo se ha empobrecido, alejándolo de una posible vida digna en el territorio. No obstante el empobrecimiento de la gente no representa la pobreza del territorio, los recursos naturales constituyen gran potencial para quienes continúan el ejercicio invasivo y extractivista que en otrora causará la casi aniquilación de los pueblos aborígenes y el siniestro del secuestro y la esclavización del pueblo africano.
La minería, la producción hidroeléctrica, la búsqueda de hidrocarburos a través de la sísmica son amenazas de una intervención directa y absoluta a nuestra cultura, nuestros ríos, nuestro territorio, nuestra mística colectiva y la vida misma. Existenvastas experiencias y evidencias de que estas actividades NUNCA han generado bienestar para las comunidades que habitan los territorios en donde se desarrollan, entonces no es exagerado que se manifieste temor y rechazo frente a la sola idea de realizar cualquiera de ellas en esta tierra.
Este escrito no pretende relacionar pruebas sobre los riesgos de abusar la naturaleza para concentrar fortunas en unas pocas manos; busca la atención del gobierno departamental en cabeza del señor Temístocles Ortega, de la defensoría del pueblo en cabeza del señor Mauricio Redondo y de todas las instancias pertinentes, sobre la situación que se presenta por causa de las intenciones de intervención minero –energéticas en el valle del Patía y específicamente en lo relacionado con la consulta previa, libre e informada a que tenemos derecho las comunidades negras.
Las comunidades afrodescendientes debemos ser consultadas mediante procedimientos apropiados sobre actividades que puedan afectar nuestras costumbres socio-culturales y entorno, las Instituciones gubernamentales departamentales y locales deben actuar como garantes del cumplimiento de las normas y la protección de los derechos, sin embargo y a pesar de conocer la situación, no se han adelantado acciones desde la institucionalidad en cualquiera de sus niveles para generar espacios de información y preparar a las comunidades, ni para levantar constancia de que las empresas minero – energéticas no usen sus ventajas para manipular la voluntad de las comunidades. Por otra parte las comunidades debemos depurar nuestras estructuras representativas de liderazgos sensibles al “cebo” que terminan siendo herramientas para intereses foráneos, a costa de sus comunidades y del territorio, anteponiendo sus ambiciones al legítimo y superior interés colectivo. No se trata de oponerse tercamente a propuestas de desarrollo, se trata de que históricamente se ha demostrado que estas propuestas no incluyen el desarrollo humano ni pretenden el cuidado del territorio o la garantía de pervivir en él; al contrario son propuestas que se especializan en expropiar los medios y formas de vida, profundizando la brecha social y acentuando las razones por las cuales en este País se debe hacer la diferenciación entre vivir y vivir dignamente.
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