Comunidades indígenas se declaran en emergencia educativa

03:31 pm 16-enero



A partir del pasado lunes, las autoridades entraron en asamblea permanente para hacerle un llamado al Gobierno Nacional y Departamental.

Las comunidades indígenas invitan a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y demás garantes de los derechos a estar atentos a las situaciones que se puedan presentar. / Suministrada – El Nuevo Liberal

Redacción El Nuevo Liberal

A través de la Resolución N° 02 de 2019, los territorios indígenas del Cauca se declaran en emergencia educativa. Esto debido a que en los diferentes espacios de movilización y concertación “el estado no ha materializado los derechos que tienen los pueblos indígenas al reconocimiento de la diversidad étnica, la consulta previa, la autonomía, la autodeterminación y la educación propia”.

Las autoridades manifiestan que tampoco se ha cumplido con las disposiciones legales y convenios internacionales, establecidos para el cumplimiento de estos postulados fundamentales. “No se ha dado cumplimiento como políticas y no se han establecido las garantías que permita el desarrollo autónomo de los pueblos para proteger las riquezas culturales y territoriales”, anunciaron las comunidades indígenas.

De igual manera, denuncian que los pueblos originarios Nasa, Misak, Polindara, Yanacona, Kisgó, Ambaló, Kokonuco, Siapidara, Inga y Totoroez, han sido históricamente afectados por la expropiación territorial y de exterminio físico y cultural, “a través de la educación impartida por el Estado que tiene como objeto la asimilación forzada a los valores y principios de la cultura occidental”.

En ese sentido, esta población responsabiliza al Gobierno Nacional de cualquier alteración que pueda pasar. “Que por las reiteradas y continuas acciones y omisiones reduccionistas y aculturizadoras adelantadas por el Estado a través de los procesos educativos, los pueblos indígenas del Cauca nos encontramos avocados a perder nuestra identidad étnica y cultural”.

En el comunicado, las autoridades se declaran en emergencia educativa e invitan a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y demás garantes de los derechos para que estén atentos a las situaciones que se puedan presentar. “Responsabilizamos al Gobierno Nacional de las consecuencias que se puedan presentar”.