EDGAR PAPAMIJA
Tiene razón Daniel Coronel en su columna de la revista Semana donde resuelve dar una clase de Periodismo, para principiantes, pues se ha vuelto normal que abusando de las redes sociales, amables lectores, y otros no tan amables, resuelven hacer juicios irresponsables a los periodistas o a quienes hemos resuelto opinar sobre los problemas nacionales o regionales. Está claro que el ABC del periodismo obliga a la objetividad, que es tan escasa como el sentido común, según Quevedo; a la veracidad, siempre maltrecha; a la imparcialidad, tantas veces disfrazada; al respeto con el lector y sobretodo a la responsabilidad de quien utiliza un medio hablado, visual o escrito para divulgar una noticia o un punto de vista. Coronel defiende la labor del periodista que, como él, investiga y fija posiciones frente a personajes intocables y actuaciones criticables de todo orden; y tiene razón cuando deslinda hasta dónde va la responsabilidad del periodista y hasta dónde la de los funcionarios, jueces y autoridades. La nuestra, es expresar una opinión que pueda servir como elemento de análisis al ciudadano que se toma la molestia de leernos.
Yo agregaría que el periodismo, especialmente en Provincia, cumple una función social que es mucho más comprometida y comprometedora que la que cumplen los periodistas de los grandes diarios del país. Para nadie es un secreto que dos o tres conglomerados económicos, o mejor, dos o tres empresarios multimillonarios son los dueños de los grandes medios que tienen entre sus empleados, “opinadores”, que son como las válvulas de escape, a quienes se permite decir ciertas impertinencias que no afecten la línea editorial. Aquí hay un gran debate mundial que ya lo perdió el periodismo pues, hoy por hoy, es casi imposible que una empresa periodística subsista sin el apoyo de un conglomerado económico. En Provincia, la dependencia es mayor pues las pequeñas rencillas no permiten un sano ejercicio de la crítica o un desembozado apego a la verdad cuando de dar una noticia se trata. Aquí somos víctimas del amiguismo, del compadrazgo y en la mayoría de los casos, víctimas de la pauta oficial, sin la cual no es posible subsistir. Defendamos pues nuestra última trinchera, mientras sea posible, para seguir pensando en voz alta , transmitiéndole a nuestros amables lectores, y a los no muy amables, que aquí opinamos pensando en el interés general, que generalmente pasa a segundo plano en la agenda de políticos y gobernantes.
En ese orden de ideas hay que decir, aunque alguien se moleste, que el Cauca poco tiene para agradecerle a este Gobierno. Elitista, excluyente y chantajista, vía mermelada, es indolente con esta abandonada región, que tampoco verá, con la venta de Isagén, la financiación de obras importantes, pues hay prioridades y compromisos más importantes para sus intereses políticos, económicos y electorales en Antioquia y en la Costa. La variante Timbío – Estanquillo y las famosas hidroeléctricas, del viejo cuento, pueden aguantar otros cincuenta años.
Por ahora debemos prepararnos para pagar más impuestos, pese a que Santos derrotó a Mockus, escribiendo sobre piedra, que no habría más tributos, pero de eso nadie se acuerda. Si tocó aplazar la tercera reforma tributaria de este Gobierno, es simplemente porque no es políticamente conveniente poner en riesgo el plebiscito; plebiscito para la refrendación de la paz, que las FARC todavía no han aceptado. Ya, Rafael Pardo, que otra vez consiguió puesto, afortunadamente, estuvo por acá preparando el terreno para que los caucanos lo voten. La paz es el señuelo para vender este mecanismo de refrendación, que es un traje a la medida del Gobierno, mal diseñado y mal cortado. Como lo he manifestado en otras oportunidades, no creo que sea posible consolidar una paz, duradera y estable, si no se revisa la Constitución mediante una Asamblea Constituyente. Es paradójico que para satisfacer pequeños intereses, como los de la reelección, la clase política en el Congreso, cambie un articulito sin ningún problema, simplemente para cobrar el favor con algún puesto o con algún contrato; pero cuando se trata de, nada más ni nada menos que de la paz del país, entonces los Padres de la Patria y el Gobierno de turno, lo piensan tres veces. Insólita forma de responsabilidad institucional.
No puedo terminar sin hacer alusión al último escándalo. Los sobrecostos de REFICAR, la refinería de Cartagena, duplicaron su valor, elevándolo a la friolera de 8.000 millones de dólares. 1.5 veces lo que costó la faraónica ampliación del Canal de Panamá, coimas incluidas; y un valor igual a lo que costaría el metro de Bogotá. No se, si habrá alguien que, con argumentos, pueda defender la irresponsabilidad de este Gobierno en el manejo de los recursos públicos.
Comentarios recientes