Compraron a la Corte y al Congreso

08:50 am 24-marzo

HÉCTOR RIVEROS

El mayor problema que tiene la democracia colombiana es la enorme desconfianza ciudadana en las instituciones: la inmensa mayoría de la ciudadanía cree que las decisiones públicas están mediadas por una transacción inconfesable y a ello abonan, todos los días, los propios actores políticos encabezados por el Gobierno.

Esta semana ocurrieron dos hechos significativos en materia de relaciones entre los poderes públicos: la Corte constitucional se declaró inhibida para pronunciarse sobre una petición que había hecho el presidente de la Cámara de Representantes sobre el trámite de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jep y el Congreso aprobó en primer debate el proyecto del plan de desarrollo.

Las dos decisiones estuvieron precedidas de una gran expectativa y de la percepción generalizada de que iban a ser exactamente lo contrario de lo que finalmente fueron. Se esperaba que la Corte ordenara que no se tramitaran las objeciones y que el Congreso no aprobaría el plan a no aprobaría el plan.

El Uribismo rápidamente acusó a la Corte de que fallaría así porque es la “Corte de Santos”, lo que explica que sus decisiones están condicionadas a los intereses o a las opiniones del expresidente.

En el caso del Congreso, el propio Ministro de Hacienda denunció chantajes para aprobar el Plan.

Las decisiones resultaron al revés de lo que se preveía: con la lógica del gobierno y su partido, a los magistrados de la Corte tuvieron que haberles dado algo para que le “incumplieran” a Santos y si los congresistas solo actúan respondiendo a una transacción pues habría que suponer que el Ministro de Hacienda consiguió conformar la mayoría porque cedió al chantaje y por esa vía alcanzó los votos que necesitaba.

Pero claro, el análisis oficial de las dos decisiones no fue así. Reivindicaron las decisiones como producto del trabajo serio y de las buenas relaciones entre el ejecutivo, el poder judicial y el congreso.

La lógica cambia si la Corte o el Congreso toman una decisión que le gusta al uribismo o si, por el contrario, no la comparten o la consideran contraria a sus intereses.

El partido de gobierno, muchos otros actores políticos y en general personas que ejercen influencia en la opinión pública -periodistas, profesores, etc- han incidido en la enorme desconfianza institucional que hay hoy en Colombia.

Nadie cree que una decisión, o una opinión pueda estar el precedida de una íntima convicción de que eso es lo que corresponde, o de que quien la emite tenga esa como genuina interpretación de una norma jurídica.

El uribismo, como el chavismo, se ha valido, en forma sistemática, de la deslegitimación de la justicia: lo hizo con la Corte , lo ha hecho con la Fiscalía, con los tribunales y con múltiples organismos judiciales que han tomado decisiones que van en contravía de sus intereses, de sus opiniones o que afectan a miembros de ese partido.

Nunca es posible que el juez que toma  la decisión que no le gusta el uribismo sea la decisión que corresponde, sino todo lo contrario, es el resultado de una persecución política. Recientemente pasó con la Corte Suprema de Justicia cuando el magistrado Barceló citó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe. Ponen en funcionamiento las bodegas, que multiplican opiniones en las redes sociales, para decir que la Corte perseguía al presidente Uribe, lo hicieron, esta semana, cuando desde la corte constitucional se filtró una información según la cuál esa corporación ordenaría al Congreso no tramitar las objeciones.

Como lo han hecho otras veces, fueron más allá: primero se pronuncian en contra de la decisión, después deslegitiman a la Corte (comprada por Santos) y tercero, muestran los dientes amenazando con la convocatoria de una asamblea constituyente que ha sido una especie de espada de Damocles que ha pesado sobre la democracia colombiana desde que el uribismo cree que sería capaz de ganar la elección en la que se eligieran sus miembros.

Ayer mismo otros actores políticos, incluidos del propio partido de los implicados, denunciaron posibles dádivas para lograr los votos de que se necesitaban para aprobar en primer debate el proyecto del plan de desarrollo.

El senador Richard Aguilar dijo que se había infiltrado la mermelada en su partido y que eso explicaba que se hubiera aprobado el plan de desarrollo.

Nadie cree que los congresistas del Caribe acudieron todos a votar el plan de desarrollo porque creían que con las decisiones que estaban allí para enfrentar la situación de Electricaribe se le hacía un favor a esa región.

Deslegitimar a las instituciones es el primer paso del populismo para inhibir el control de los otros poderes públicos y, por el desprestigio de la política, a eso le hacen el juego desde todos los sectores.