IVÁN LEONARDO URREA RÍOS
Colombia puede llegar a ser un país de altos ingresos con movilidad social si logra desarrollar su mercado de tierras y darle oportunidades a la economía agrícola pequeña, mediana y agroindustrial. Diversas reformas son necesarias para este fin.
La historia económica de los países en desarrollo da cuenta de una exclusión sistemática de los ciudadanos de ingresos bajos a derechos de propiedad, especialmente al campesinado en las zonas rurales. En paralelo a la no garantía de derechos de propiedad se encuentra también la ausencia de reglas de juego bien establecidas para el ordenamiento social de la propiedad. Esta situación ha restringido de forma significativa los procesos de desarrollo económico de muchos países alrededor del mundo. Colombia es uno de los países donde este problema ha limitado el proceso en conversión en un país de altos ingresos con movilidad social.
Las posibilidades de crecimiento económico se encuentran limitadas ante la presencia de inseguridad en los derechos de propiedad, dado que estos son el fundamento del funcionamiento de una economía de mercado. Este hecho es explorado por investigaciones llevadas a cabo por el Banco Mundial, y diversos analistas económicos, donde existe evidencia significativa de que el crecimiento económico se genera después de garantizar la titulación del factor tierra y el ordenamiento social de la propiedad. Una vez se organiza y fomenta el mercado de tierras se incentiva la inversión en tierras tituladas dada la menor probabilidad de robo o expropiación; se aprovecha la conectividad y el uso de la tierra eficiente incluso mediante el arrendamiento de tierras productivas; y se mejora el acceso a financiamiento, usando la tierra como colateral para actividades agrícolas.
En Colombia, durante el siglo XIX la abolición de la esclavitud y la desamortización de bienes de manos muertas cambiaron el paradigma establecido en relación con la tenencia de la tierra, con el papel de la Iglesia, el Estado y el orden social y económico. Sin embargo, la generación de un mercado de tierras, con altos niveles de comercio, derechos de propiedad bien definidos, y mayor eficiencia en su uso, siempre ha estado en la lista de las reformas pendientes en la economía colombiana desde el inicio de la República. Así, el problema del desarrollo del potencial agrícola ha marcado la historia de una manera dramática desde los tiempos de la colonia hasta el presente, con una situación caracterizada por conflictos violentos por la propiedad de la tierra, donde el acceso al uso y a la propiedad de la tierra en las zonas rurales en Colombia es considerablemente limitado. Las causas principales identificadas de esta situación son la debilidad de los mercados de tierras (dada la débil protección a los derechos de propiedad y la informalidad) y la violencia como instrumento para resolver tensiones políticas, económicas y sociales.
El bajo acceso a la tierra dentro de la cuestión agraria se encuentra entonces en la base de la problemática económica, social y política nacional, y contrario a lo que se ha sostenido durante años, la causa no es la desigualdad en la tenencia de la tierra por sí misma. La desigualdad es más bien el síntoma la debilidad de los derechos de propiedad junto con la ausencia de un sistema integrado de manejo de tierras y de un bajo desarrollo de instrumentos como el impuesto predial y la titulación que fomentan el uso eficiente del factor tierra y el desarrollo financiero rural. El aseguramiento de los derechos de propiedad de la tierra, determina en gran medida la capacidad de la población rural para escapar de la pobreza, y a su vez moldea las instituciones para que un país construya una economía de mercado moderna que habilite un uso más eficiente y productivo del factor tierra, irrigando todos los demás sectores de la economía.
Colombia ha avanzado en la dirección correcta con la formulación de la política de Catastro Multipropósito y tiene el potencial para convertirse en una potencia agroindustrial. Empero, la solución integral de los problemas mencionados requiere esfuerzos constantes en el mediano plazo, dado que el desarrollo del mercado de tierras es una condición necesaria para que el país acelere su transformación hacia una sociedad de altos ingresos con mayores oportunidades para toda la población. El programa de gobierno 2023-2026 tendrá que incorporar medidas contundentes en este frente, enriqueciendo a todo un país sin afectar los derechos de propiedad y proponiendo salidas negociadas a los problemas agrarios presentes.