La semana anterior resultó histórica en el camino de algún día tener un país incluyente, tolerante y respetuoso de los derechos de los demás, pero de verdad, no de dientes para afuera.
Desgraciadamente Colombia es un país profundamente discriminador por razones sociales, económicas, políticas y culturales. Las personas homosexuales suelen ser duramente discriminadas. Todavía hay un alto porcentaje de gente que considera que esa preferencia sexual es “anormal”, una especie de desviación indeseable. Los niños y las niñas que temprano muestran esa preferencia sexual son estigmatizados socialmente de la manera más cruel.
La Corte Constitucional -después de darle largas- decidió amparar el derecho de una pareja de mujeres homosexuales y de sus hijos a conformar una familia y le ordenó al ICBF que en ese caso no negara la adopción por la condición sexual de las solicitantes. Ya el Procurador había intentado por todos los medios impedir que esa decisión se produjera y llovieron rayos y centellas.
Algunos llegaron hasta a cuestionar la legitimidad democrática de la decisión de la Corte, como si ésta no derivara de las facultades otorgadas por la propia Constitución. Ni más faltaba que lo único “democrático” fuese lo que se decida electoralmente.
Pero más allá de esa discusión y aunque la sentencia de la Corte no protegió el derecho a la igualdad, es decir que no señaló una regla aplicable a todos los casos en los que una pareja homosexual quiera adoptar, si dijo que esa condición no podía ser un obstáculo para hacerlo y eso solo es ya bastante en la larga lucha por conquistar derechos. Conseguir que quienes ostentan el poder y reivindican unos “valores dominantes” respeten los derechos de los demás no ha sido una batalla fácil y esta no termina aquí, porque el Procurador General de la Nación continuará presionando, como lo ha hecho en los casos de los derechos de las mujeres a abortar, o de los homosexuales a casarse, para impedir que sea efectivo el derecho que protege la Corte Constitucional.
La decisión de la Corte coincidió con la revelación de que las Ministras de Comercio y Educación son lesbianas y conforman una pareja estable, lo que hace presagiar una andanada de quienes pretenden imponer su visión “del bien y del mal” a nombre de la fe. Pocos se han atrevido a hacerlo públicamente pero seguramente empezarán a hacerlo en forma cobarde, quizás sin dar la cara. Atacarán sin piedad a las ministras especialmente a la Ministra de Educación. Ya imaginamos “vetos” en colegios a la presencia de la Ministra y recolecciones de firmas para pedir su salida de esa cartera por considerarla un “mal ejemplo” como la calificó ayer el arzobispo auxiliar de Barranquilla.
Colombia está frente a una prueba ácida: la permanencia de Parody en el Ministerio servirá de vara para medir el nivel de tolerancia y de respeto por los derechos que tenemos en Colombia. Los enemigos no son de poca monta, no lo han sido, tanto que aún hoy nos mantienen en estas discusiones absurdas.
La actitud valiente del Presidente y de las Ministras hay que apoyarla sin titubeo. La gran tarea que tenemos como sociedad es precisamente predicar y practicar el respeto por los derechos de los demás.
El Nuevo Liberal que nació y crece precisamente con el propósito de la defensa de esos principios no vacilará en develar a los discriminadores y en cerrar filas alrededor del Presidente y sus Ministras a quienes, como ellas lo han dicho, habrá que calificar solo por su trabajo.
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