Redacción El Nuevo Liberal
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El Cauca, uno de los departamentos más golpeados por la guerra presenta unas cifras importantes después de la firma del Acuerdo de paz, primero la reducción casi nula de los casos de desplazamiento forzado, al igual que de las acciones en contra de la población por parte de las Farc; sin embargo registra el mayor número (10) líderes de DDHH desde que se firmó el acuerdo. /Fotografía: EFE
Sin duda la terminación negociada del largo conflicto con las Farc significa para toda Colombia una serie de logros y otro tanto de retos para con las personas en los territorios donde el conflicto era marcado, y que dejó secuelas no solo en las fachadas de las paredes de los pueblos sino en la vida de miles de víctimas.
Logros como lo conseguido con el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo (Cfhb) entre Gobierno y Farc que el pasado 30 de junio completó 10 meses y la entrega de más de 7 mil armas por parte de los excombatientes, son muestra de que el fin del conflicto con la guerrilla más antigua del mundo es irreversible.
En este contexto, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, realizó un estudio detallado (último reporte público de monitoreo al cese bilateral y de hostilidades) monitoreando dicho cese al fuego bilateral y de hostilidades, el cual sigue vigente hasta este primero de agosto, pero que con la dejación de armas, es casi inexistente la posibilidad de que haya nuevas violaciones.
Algunos de los hallazgos que hace el Cerac en su monitoreo señalan que en los diez meses –análisis de estudio- del cese el fuego se han registrado 24 infracciones a las reglas que regulan el Cfhbd, de las cuales: cuatro son violaciones al cese el fuego, ya que implican una acción violenta, aun cuando esta no sea intencional; tres violaciones al compromiso de no realizar hostilidades, las cuales se dieron por acciones individuales de miembros de las Farc o de la fuerza pública.
Seguido por seis eventos en los que fueron asesinados cuatro miembros activos de las Farc y cinco familiares de integrantes de esta guerrilla; uno de estos hechos violentos fue atribuido a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, mientras que en los cinco restantes se desconocen los responsables.
De otro lado, este Centro afirma haber registrado 44 acciones violentas en las que se desconoce quiénes fueron los responsables y que, a juicio de Cerac, deben ser objeto de verificación pues ocurrieron en lugares con presencia de las Farc en el pasado.
De esas 44 acciones, trece se registraron en el Cauca. En Corinto, dos civiles fueron asesinados, en ese mismo hecho resultó herido un civil por una bala perdida. En este mismo municipio fue asesinado con arma de fuego: Wilmer de Jesús Montoya, funcionario de la alcaldía local.
En Argelia, fue asesinado Anuar José Álvarez, integrante del comité cocalero de la vereda Mirolindo, además en este municipio fue activado un artefacto explosivo en el que un civil quedó herido y fue hostigada la estación de Policía, sin registro de víctimas.
En Buenos Aires, fue asesinado con arma de fuego Mauricio Vélez, vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de las Universidades Públicas y exgerente del América de Cali. La víctima fue hallada con signos de tortura.
En Caloto, desconocidos atentaron con explosivos contra una subestación de energía de la Compañía Energética de Occidente; ahí mismo, desconocidos atacaron con arma de fuego el vehículo en el que se movilizaba Nilsa Ul Zape, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Morales. Si bien la víctima resultó ilesa, uno de sus escoltas quedó herido.
También en Caloto, fue amenazado Gerardo Barona, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento El Palo, e integrante del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica. Al igual que María Elena Gómez, coordinadora de Seguridad Campesina.
Al sur del Cauca, en el municipio de Patía, desconocidos lanzaron un artefacto explosivo contra un grupo de trabajadores de Invías, en el hecho resultó una persona herida. En Santander de Quilichao, desconocidos le dispararon al vehículo en el que se movilizaba Aldemar Díaz, presidente de la Organización de Víctimas Nasa Kiwe quien resultó ileso; y en Inzá, integrantes de un grupo armado no identificado incendiaron maquinaria pesada que pertenecía a la empresa Consorcio Colombo Brasilero. En este hecho no se reportaron víctimas.
Si bien en estos diez meses no se presentaron víctimas mortales o heridos de la población civil en acciones de las Farc, en las violaciones señaladas murieron dos guerrilleros y dos ex miembros (disidentes) de las Farc; además, un militar resultó herido, fue secuestrado un civil y violentada sexualmente una menor de edad.
En los últimos dos meses, Cerac registró cuatro acciones violentas en las que fueron asesinados cuatro miembros activos de las Farc, quienes habían recibido el beneficio del indulto. Hasta el momento, no hay información acerca de los responsables de estos asesinatos ni la relación de éstos con el conflicto.
Vidas que lograron salvarse
Acciones ofensivas y combates con participación directa de las Farc (2002 – 2017). /Información y graficación: Cerac
En el informe de monitoreo presentado por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, se reporta que el proceso de paz previno, al menos, la muerte de 2.796 personas, cifra que incluso puede ser mayor según el período con el que se compare.
La mayoría de esas personas son guerrilleros de las Farc (1.553) y miembros de la fuerza pública (556), las más afectadas por los combates y ataques unilaterales durante el conflicto. La población civil también se vio particularmente beneficiada, gracias a la reducción de las muertes en, al menos, 688 casos.
Una reducción significativamente mayor de las vidas perdidas por el conflicto se presenta si se compara el período del proceso de paz con el conflicto durante el gobierno Uribe, así como con la etapa de recrudecimiento de la guerra: frente a dichos periodos, se previno la muerte en eventos del conflicto de 4.331 y 4.673 personas, respectivamente.
De otro lado, el Cerac señala que “el inicio del posconflicto con las Farc trae consigo drásticas reducciones del riesgo de seguridad y del riesgo humanitario en Colombia, con poca probabilidad de aumento futuro en ambas”.
Sin embargo el tema de seguridad sopesa en el país, especialmente cuando hace poco GeneracionPaz.Co en el marco de su campaña “¿Y si me matan? por la vida de los líderes sociales de Colombia” publicó el listado de líderes sociales asesinados desde el inicio de la implementación del Acuerdo de Paz, actualizado a 4 de julio del presente año.
Según el reporte, en Colombia van 42 líderes asesinados, donde la mayoría (10) son del Cauca, 9 de Antioquia y 5 del Valle del Cauca, siendo estos los departamentos con las cifras más altas.
Treinta y cinco de los casos han ocurrido en lo que va del 2017, la mayoría de líderes asesinados son hombres (36) y el resto mujeres (6), su edad oscila entre los 30 y los 50 años, y entre las labores que realizaban o el cargo que tenían se destacan: Presidentes de las Juntas de Acción Comunal, miembros de Sindicatos, integrantes de alguna Asociación campesina, indígena o afro, defensores de la tierra y el territorio, líderes y defensores de Derechos Humanos, defensoras de los derechos de la mujer, entre otros.
Por lo que, aunque para el caso del Cauca las cifras de muertes por el conflicto armado han reducido considerablemente (casi hasta a ser nulas), así como las hostilidades y los atentados; la protección y las garantías para el trabajo de los líderes y lideresas defensores de derechos humanos, incluso los mismos defensores de la paz, continúa siendo un tema que no hay que descuidar y del cual las autoridades locales, nacionales y militares deberán ocuparse y mirar con lupa para reducir y erradicar las muertes de estos líderes.