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El alcalde de los payaneses, César Cristian Gómez Castro, salió de la sala de audiencia esbozando una sonrisa de ‘oreja a oreja’, luego que el juez tercero municipal con funciones de control de garantías aceptara el aplazamiento de las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra el mandatario local y el ex secretario de Tránsito Municipal, Roberto José Díaz.
La razón de esta determinación judicial fue sencilla: el alcalde alegó que no contaba con el abogado de confianza para encarar esta cita con la justicia, la cual fue anunciada por el propio Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en su pasada visita a la capital del Cauca. Para el mandatario local “era una falta de garantías no estar con la persona que peleará por su inocencia en este proceso”. La misma excusa fue usada por el ex secretario de Tránsito Municipal.
Por esa razón, el operador judicial estableció primero para el 7 de noviembre la fecha para cumplir con esta diligencia judicial, pero de nuevo el mandatario local pidió más tiempo para que el abogado de confianza, ausente, conociera en detalle la carpeta que contiene este posible caso de corrupción, el segundo que afronta la persona que prometió, en campaña, un cambio en la forma de conducir los destinos de la ciudad.
Después de esta reiterada solicitud, y luego de escuchar a la Fiscalía sobre su posibilidad de asistir en una nueva fecha, el operador judicial determinó que esta dos audiencias se adelantarán el próximo 19 de noviembre, a partir de las 2:00 de la tarde, no sin antes llamar la atención sobre la urgencia de contribuir al buen desarrollo de las actuaciones en este polémico caso.
Tras cumplirse esta actuación, se reconfirmó la nueva fecha y César Cristian Gómez Castro salió del despecho judicial feliz, pero escoltado por la Policía. Tanta fue la alegría del mandatario, que por unos cortos segundos, los seguidores alcanzaron a aplaudirlo mientras le solicitaba al fotógrafo de El Nuevo Liberal que le tomara una foto al lado de su hermano y demás asistentes, quienes se solidarizaron con el funcionario en este encuentro con la justicia colombiana.
A la vez, y cerca del mandatario, estuvo el controvertido empresario y dueño de Exporemate, Miguel Castillo, quien clavó su mirada sobre el mandatario mientras este protagonizaba este desfile por los pasillos del palacio de Justicia Luis Carlos Pérez, antes de subirse a la camioneta oficial.
El otro proceso
De acuerdo con la investigación anunciada por la Fiscalía, el contrato para las labores operativas y logísticas de la Semana Santa de 2016, suscrito el 11 de marzo de ese mismo año, entre la alcaldía y la fundación Tortuga Triste por $176.000.000, habría sido ejecutado por un tercero, al tiempo que se presentaron sobrecostos y falsificación de documentos para soportar la ejecución del mismo. Al parecer, se habría realizado un contrato verbal con el representante legal de la fundación Fundexo, por valor de 37 millones de pesos; no obstante, en los soportes de ejecución entregados por la fundación Tortuga Triste a la administración municipal de Popayán, se habría justificado un valor superior a los 70 millones de pesos.
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