Por: Olga Portilla Dorado
@olguitapd
Después de Antioquia (55 víctimas, 29 de ellas asesinadas), el Cauca es el Departamento con más víctimas por violencia contra líderes políticos y sociales, 50 para ser exactos, de los cuales 33 fueron asesinados.
A ellos les sigue, Norte de Santander con 26 víctimas (13 asesinatos), Valle del Cauca con 23 víctimas (8 homicidios) y Córdoba, Nariño y Putumayo con 14 víctimas (8, 11 y 10 de ellas asesinadas, respectivamente).
Así lo dio a conocer el Observatorio de Violencia Política y Social de la Misión de Observación Electoral (MOE) a través de un informe, donde señalan que desde el 1 de enero de 2018 hasta el pasado 9 de enero del presente año se han registrado 330 líderes políticos, sociales y/o comunales víctimas de violencia política en todo el país, de ellos, 153 (es decir el 46%) fueron asesinados.
La información con la que trabajó el Observatorio fue a través del seguimiento detallado de noticias en medios de comunicación y reportes de organizaciones sociales y políticas internacionales, nacionales, regionales y locales.
Cabe recordar, que la Misión de Observación realiza este estudio desde las elecciones de autoridades locales de 2007 con el fin de hacer seguimiento a las amenazas, secuestros, desapariciones, atentados y asesinatos cometidos en contra de candidatos a cargos de elección popular, funcionarios de elección popular, altos funcionarios de las administraciones a nivel nacional, departamental y municipal, líderes políticos y dirigentes de partidos; y desde hace tres años se incluyeron líderes sociales y miembros de Juntas de Acción Comunal (JAC) de cada municipio del país.
“Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que este tipo de violencia no solo debe ser monitoreado en el ‘calor’ de las elecciones, sino que debe ser un monitoreo permanente, y por eso incluimos el monitoreo de los líderes sociales, teniendo en cuenta el punto del Acuerdo de Paz firmado en 2016 que señaló que la violencia que afecta las elecciones no solo es la violencia en contra de los políticos, sino la violencia en contra de los líderes sociales y comunales que son aliados de los políticos, trabajan con ellos en elecciones y son potenciales candidatos”, explicó Camilo Vargas, coordinador del Observatorio Político de la MOE.
Para Vargas, ésta, que no es una nueva alerta sino una alerta permanente frente al nivel alto de violencia; los hechos en contra de políticos, concejales, alcaldes y personeros, preocupa, al igual que la violencia ejercida en contra de líderes sociales y de las Juntas de Acción Comunal que son quienes están cerca a los territorios, y que al ser afectados no solo se perjudica su humanidad sino a sus comunidades.
Sin embargo el tema de los líderes sociales y comunales ocupa una especial atención de acuerdo a lo revelado por el informe, ya que por ejemplo durante el periodo analizado (1 de enero de 2018 a 9 de enero de 2019) hubo 98 víctimas políticas: 55 de amenazas y 15 asesinatos; los líderes sociales y comunales suman 232 víctimas: 44 (líderes sociales) y 11 (líderes comunales) por amenazas; asesinados suman 168, 72 sociales y 66 comunales.
De acuerdo con el coordinador del Observatorio Político de la MOE, “desde un punto de vista sociológico y estadístico se podría hablar de sistematicidad en la violencia, dado que ésta no ataca igual a todos los tipos de líderes, es decir a los líderes políticos (concejales, alcaldes, candidatos electorales) los afectan mucho más las amenazas y si acaso los atentados; pero a los líderes sociales y comunales, los ataques son letales, los matan. También se habla de sistematicidad porque las elecciones siempre coinciden con incremento de la violencia y hay hechos recurrentes”. (ver gráfico 1)
Cifras que dan cuenta de que evidentemente cuando se trata de líderes más visibles, que están cerca de las autoridades, las acciones violentas se hacen para amedrentar a las personas; pero cuando se trata de un líder social o comunal, las acciones son directas para acabar con su vida.
Importancia del estudio
Este monitoreo a la violencia política y social, además de ser una alerta, es un recurso que se publica a tiempo (estamos a 9 meses de las elecciones locales) para tomar las medidas correctivas y contribuir a que los índices de este tipo de violencia disminuyan; para que tanto las autoridades, los partidos políticos, las organizaciones sociales y la ciudadanía se den cuenta de lo que pueden hacer para ayudar a garantizar la seguridad de todos los tipos de líderes que existen y trabajan en los territorios.
Así mismo, esta información, que se publicará cada comienzo de mes, servirá como insumo para los Mapas de Riesgo Electoral, que también desde el 2007 realiza la MOE como antesala al certamen electoral; mapas que dan a conocer a las autoridades y a la opinión pública de los indicadores de riesgo que miden factores indicativos de fraude electoral y factores de violencia, los cuales en su conjunto, pueden interferir en el normal desarrollo de las elecciones y el libre ejercicio del voto. Mapas que contribuyen a generar alertas tempranas.
“En nuestros mapas de riesgo publicamos la violencia del momento, sin embargo desde hace varios años ese monitoreo se volvió permanente, las elecciones siempre coinciden con incremento de la violencia, son tendencias que nos permiten predecir la violencia. Aunque es difícil de comprobar, nosotros esperamos que nuestras alertas hayan servido para prevenir episodios de violencia, sin embargo lo que nos siguen mostrando las estadísticas, muy claramente, es que cuando hay elecciones aumenta la violencia, así esté funcionando o no esa prevención, por eso hay que redoblar esfuerzos para que esa prevención sea eficiente”, añadió Vargas.
Por eso, otro de los hallazgos es que de acuerdo a los Mapas de Riesgo Electoral más recientes y con los resultados de este estudio hay coincidencia entre los territorios afectados, incluso en este análisis de violencia política y social hay especial atención (y preocupación) por los territorios Pdet (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial).
Un ejemplo es el Cauca, que de acuerdo al mapa de riesgo elaborado por la MOE para las elecciones de 2015, tenía 19 municipios donde coincidía el riesgo de fraude electoral y violencia, 4 en riesgo medio, 5 en alto y 10 en riesgo extremo (Popayán, Buenos Aires, El Tambo, Guapi, Jambaló, Patía – El Bordo, San Sebastián, Suárez, Sucre y Toribio).
Pero si solo se mira el factor violencia, 39 de los 42 municipios para esas elecciones tenían mayor riesgo. Doce en riesgo medio, doce en riesgo alto, y 15 en riesgo extremo, es decir un 93% del Departamento en riesgo por hechos de violencia en medio de unas elecciones.
Para las elecciones de 2018 (Congreso y Presidencia) la MOE indicó que en el Cauca, 13 municipios estaban en riesgo por coincidencia de factores de fraude electoral y violencia: tres en riesgo medio, 8 en alto y 2 en riesgo extremo. Sin embargo, solo para el factor violencia, la cifra continúa alta, pues 31 municipios estaban en riesgo, 7 en medio, 20 en alto y 4 en riesgo extremo; en comparación con 2015, solo 8 municipios lograron salir de esa clasificación.
“Los territorios donde se concentra la violencia recurrentemente son los mismos que revela este informe, por ejemplo Cauca es el segundo con mayor número de víctimas de violencia, 50 en todo el año, eso es algo que ya habíamos visto en épocas anteriores”, indicaron desde la MOE.
El riesgo en los municipios del ‘posconflicto’
Por otro lado, la atención especial a los municipios Pdet, tiene que ver con que estos son los territorios donde se concentra la implementación del Acuerdo de Paz, pero también se concentra la violencia contra los líderes, la mayoría de atentados y asesinatos.
“Para la MOE es alarmante que el 73% de los asesinatos hayan ocurrido en los territorios del posconflicto, es decir, en 15 de las 16 regiones PDET donde se implementa prioritariamente el Acuerdo de Paz. El único PDET que no registra víctimas es el número 8, Montes de María”.
De acuerdo al informe del Observatorio de Violencia Política y Social, el Pdet que más concentra agresiones contra líderes es el Pdet Alto Patía – Norte del Cauca, 37 en total: 7 amenazas, dos secuestros, 5 atentados y 23 asesinatos. De ese Pdet hacen parte 17 municipios del Cauca, 5 de Nariño y 2 del Valle del Cauca. Y la otra región Pdet, donde hay municipios caucanos (Guapi, López de Micay y Timbiquí), el Pdet Pacífico Medio presenta un total de 13 agresiones contra líderes: tres amenazas, un secuestro, y 9 asesinatos.
Sumado a esto también llama la atención el hecho de que 182 (55,2%) de los 330 líderes víctimas fueron agredidos en municipios con registro de cultivos de uso ilícito; pero aún más grave es que 113 (73,9%) de los 153 asesinatos registrados en el año ocurrieron en esos territorios.
Aunque esta información se irá actualizando periódicamente, son datos que alertan para que las autoridades, organizaciones y partidos políticos puedan tomar medidas ante los hechos que han ocurrido, están ocurriendo y seguirán pasando mientras no haya una intervención real del Estado en estas zonas.
“Nosotros creemos que el Cauca necesita más atención de parte de las instituciones nacionales y departamentales, se percibe que los esfuerzos que han hecho se están viendo desbordados por el incremento de la violencia, el Cauca tiene una buena organización social, unas buenas bases, la gente está organizada para defenderse de las violencias relacionadas con los corredores de economías ilegales tanto del Naya como en el río Micay, eso muestra que se necesita una mayor atención, y ahí creemos que tiene una responsabilidad muy grande el fracaso de la implementación, territorios como Argelia o el norte del Cauca necesitaban urgentemente la sustitución de cultivos ilícitos, que se acabara el cultivo de la coca y fuera reemplazado con condiciones y actividades productivas eficaces, es decir que lograran darle viabilidad económica a estas comunidades”, puntualiza Vargas.
Es claro que en el Cauca el incremento de la violencia no está ligado directamente a la seguridad, la solución debe ir más allá de lo militar, porque es un problema económico que necesita ser intervenido para atacar sus causas, porque si no conforme avanza el calendario electoral y se empiezan a visibilizar los intereses, el dinero ilegal y la tensión en esos territorios generarán un escenario nada favorable para que sean unas elecciones transparentes y seguras.