Cauca a la espera de que la Contraloría ponga sus ojos sobre el programa de alimentación escolar
Redacción El Nuevo Liberal
Tras los hallazgos de la Contraloría General de la República, autoridades, padres de familia, docentes y estudiantes esperan que las investigaciones continúen en el resto del país y así mejorar la calidad del programa de alimentación escolar. /Fotografías Archivo.
El Nuevo Liberal ha venido realizando una serie de informes sobre el Programa de Alimentación Escolar y su funcionamiento en las instituciones educativas de Popayán, donde ha encontrado una serie de irregularidades denunciadas por la veeduría y algunos coordinadores de los restaurantes escolares, especialmente en lo que tiene que ver con la calidad de la minuta y la entrega incompleta de las remesas.
La Contraloría General de la República tiene sus ojos puestos en el manejo del Programa de alimentación escolar (PAE). Las primeras investigaciones hechas en siete departamentos de la región Caribe, han arrojado, a la fecha, siete capturas (todas en Aguachica, César) por malos manejos de los recursos con los que se debió pagar el complemento alimenticio de los cientos de niños de la región.
Pero no solo son las capturas de funcionarios por las indignantes raciones de comida que entregaban a los niños de una institución de este municipio, sino también procesos de responsabilidad fiscal por miles de millones de pesos; tal como ocurrió en Uribia (La Guajira), donde el exalcade, la exsecretaria de Educación y 11 asociaciones de autoridades tradicionales Wayúu, se ven involucradas.
Ha llegado tan al fondo la investigación de la Contraloría y las pesquisas de la Fiscalía, que ya hay tres mujeres señaladas como las ‘Zarinas de la alimentación escolar’, así lo dio a conocer un medio nacional, donde señala a tres mujeres que, presuntamente, tienen el monopolio de los alimentos para los niños en 49 municipios de la Costa Caribe.
De acuerdo a la información revelada, Leda Guerrero, Adiela Álvarez y Katia Rosado, habrían movido recursos públicos por más de 608 mil millones de pesos. La investigación indica que el modus operandi consiste en crear fundaciones y consorcios que cambian de razón social y participan en licitaciones al mismo tiempo para ganar con alguna de las firmas.
Esos por nombrar algunos de los escándalos que tienen en el ojo del huracán a más de un operador de esta región del país. El organismo de control ha sido claro en que estos son los primeros municipios investigados donde los resultados fueron contundentes en delitos como: concentración de contratación, incumplimiento de contrato, mala calidad de los alimentos (vencidos o en mal estado), adjudicaciones ‘a dedo’, únicos proponentes, responsabilidades fiscales por miles de millones de pesos, entre otros.
Así ocurrió en la Costa, pero ¿En los otros departamentos?
La semana pasada, el periódico El Tiempo dio a conocer la posible lista de operadores que seguirían bajo la lupa de la Contraloría, un total de ocho operadores estarían cometiendo irregularidades en la prestación del servicio; algunos de ellos ya han sido sancionados, otros están siendo investigados y unos más que podrían estar actuando en ‘cuerpo ajeno’, es decir, cambiando de razón social para evitar los controles y seguir liderando el negocio de los refrigerios escolares del país.
Entre esa lista de operadores, aparece el Consorcio Cauca 2015, que si bien, funcionó hasta el año pasado, su representante legal es la señora Lucero Alexis Sarria Villa (hermana de la exparlamentaria Esmeralda Sarria) quien a través de varias razones sociales ha venido manejando el programa de alimentación escolar en este departamento.
Sarria ha venido ejecutando desde el 2011 el contrato para prestar los servicios de alimentación escolar en el Cauca, cuando firmó uno con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por $4.866.885.000, con el fin de “prestar el servicio de alimentación escolar que brinde un complemento alimentario durante la jornada escolar a los niños, niñas y adolescentes escolarizados en las áreas rural y urbana en la zona centro del departamento (municipios de El Tambo, La Sierra, Morales, Piendamó, Rosas, Sotará y Timbio)”. Esa vez lo hizo a través del Consorcio Cauca 2012, la misma empresa con la que un año más tarde habría firmado otro contrato, pero con el nombre de Consorcio Cauca 2013, y así hasta el año pasado.
Incluso, otro de los contratos, que Lucero Sarria Villa firmó con ese mismo objeto, es el que legalizó el 13 de junio de 2012 con un municipio del oriente del departamento, ya no a través de Consorcio Cauca 2012, sino de Consorcio Inzá, contrato adjudicado para el “suministro de raciones alimentarias para la ejecución y operación idónea del Programa de Alimentación Escolar” por un valor de $168.813.458.
De acuerdo a la información publicada por el medio nacional y que según se dice está registrada en un documento que reposa en las instalaciones de la Contraloría General de la Nación; con el operador Consorcio Cauca 2015 “se llevó a cabo audiencia de posible incumplimiento debido a múltiples hallazgos identificados por la interventoría. Actualmente, hay un proceso para declarar incumplimientos al contrato”.
Pese a esto, El Nuevo Liberal conoció que en la Contraloría de la República con sede en el Cauca, aún no existe alguna investigación abierta que involucre al Consorcio Cauca 2015, sin embargo sí hay una serie de investigaciones que están en curso y que ya se han llevado hasta la Fiscalía contra otros operadores que han venido funcionando desde el año pasado. Uno de ellos es el operador ‘Abasticos’, que no solo funciona en Cauca sino en el Valle, el cual, el año pasado se vio envuelto en un escándalo, tras conocerse que en tan solo dos años abarcó un total de contratos superior a los 362 mil millones de pesos.
Y aunque aún no es pública la información, la mayoría de estas investigaciones se hacen a raíz de denuncias de la comunidad por distintos factores como incumplimiento del contrato, alimentos en mal estado, minuta que no corresponde a lo establecido por los lineamientos técnicos del PAE, entre otros factores.
De ahí que a la espera de que estas investigaciones surtan sus resultados y de que la lupa de la Contraloría General de la República se ubique sobre este departamento y los Consorcios que tienen a su cargo el programa de alimentación escolar que beneficia a más de 60 mil niños en el Cauca, se evidencie la posible concentración de los contratos en un solo consorcio desde el año 2011, así como la forma de adjudicar dichos contratos en varios de los municipios, y la calidad de la minuta servida por los operadores.
Denuncias en el Cauca
En el 2013, varios padres de familia de la Institución Educativa Casas Bajas del municipio de Cajibío, denunciaron el incumplimiento del operador Consorcio Cauca 2015, ya que no estaban entregando los desayunos escolares a los niños de esta localidad.
En abril del 2015, una docente del colegio El Mirador denunció que se quedaron sin alimentación escolar debido a que el Consorcio “recogió la remesa que había dado para abril en todas las instituciones públicas de la ciudad”.
En octubre de 2015, desde el municipio de Piendamó, líderes del barrio Las Veraneras denunciaron a Lucero Alexis Sarria Villa, por entregar una serie de bolsas de leches vencidas en la comunidad del sector.
Otro de los operadores del que se conocen denuncias es de Abasticos, el cual en un resguardo indígena entregó una serie de alimentos que no correspondían con lo planteado por los lineamientos técnicos del PAE ni con la alimentación propia de esta comunidad.
Comentarios recientes