En la elección de los magistrados de la Corte Constitucional se trata de escoger a aquel que mejor represente la concepción ideológica de las mayorías en el Congreso. Suena extraño, pero así es. Por esa razón, en ese acto, como en el que más, se miden esas mayorías. Surtido ese examen con la elección de la nueva magistrada la conclusión es que es necesario rehacer la coalición de gobierno.
Es muy simple, con la salida de Cambio Radical de la Unidad Nacional el gobierno perdió las mayorías en el Congreso y tendrá que recomponerlas logrando acuerdos con Verdes y el Polo, que con diez votos le reemplazan los 8 del partido del ex vicepresidente Germán Vargas. Esos diez votos resultaron cruciales para elegir a la jurista Diana Fajardo sobre el profesor conservador Álvaro Motta.
La elección de Motta hubiera significado un enorme riesgo para los avances que en materia de derechos hemos conquistado los colombianos desde 1991 como consecuencia de la jurisprudencia de avanzada que ha adoptado la Corte Constitucional desde entonces. Motta es un gran jurista y seguramente sería un buen magistrado de la Corte, pero sus convicciones ideológicas lo ubican en una visión más restrictiva de las libertades y los derechos y eso era lo que tenía que decidir el Senado en la elección.
Se supone que la mayoría del Congreso representa unas concepciones más liberales y por eso lo esperable era que eligieran a Fajardo o a Ramelli. Si, en cambio, en el Congreso hubiese una coalición mayoritariamente de derecha lo esperable era que eligieran a Motta. Ya la mayoría del Senado, por ligereza, había elegido dos magistrados que no representan el espectro ideológico mayoritario y había puesto en riesgo la conformación de esa tendencia mayoritaria en la Corte.
El Presidente Santos, que no tiene muy claro lo que se juega en la Corte, había conseguido que se eligiera, por puro amiguismo, a la magistrada Cristina Pardo, de convicciones ultraconservadoras. En la primera decisión en la que participó salvó el voto en relación con los derechos de la mujer de elegir si ser madre o no en determinadas circunstancias y abogó por que la Corte echara marcha atrás en su postura de declarar que el aborto en algunos casos forma parte del derecho del libre desarrollo de la personalidad y de autodeterminación de las mujeres. Es tan extrema su posición que otros magistrados, también de convicciones conservadoras, estuvieron con la decisión mayoritaria de la Corte de declararse inhibida por razones formales.
Para los ciudadanos lo trascendental en la elección de la nueva magistrada era eso: ¿con qué código de valores se van a definir, en la Corte Constitucional, el contenido de nuestros derechos?
Para el Presidente, que no tiene muy claro lo que se juega en la Corte, y los que promovían al profesor Motta, que miran más cortico y no les importa lo que se juega en la Corte, el pulso se daba alrededor de la manera como se evaluarían los métodos jurídicos con los que se ha adoptado e implementado el acuerdo suscrito para conseguir la desmovilización y desarme voluntarios de las Farc.
Santos entendió que, si a Motta lo promovía el Fiscal Néstor Humberto Martínez, que ha hecho permanentes objeciones al componente de justicia del acuerdo y lo acogía con entusiasmo el Centro Democrático y personas como la senadora Sofía Gaviria, que se han opuesto radicalmente al acuerdo, debía ser porque encontraban que su formación jurídica y sus convicciones ideológicas lo hacían proclive a decidir en contra de las decisiones hasta ahora tomadas en materia de cierre del conflicto armado.
El Presidente habló entonces con Vargas Lleras para expresarle que esperaba que los partidos de la coalición votaran por Diana Fajardo y el resultado fue que la mayoría de los senadores del Partido de Vargas votaron por Motta. Es decir que en un punto crucial preferían estar con la oposición que con el gobierno.
Está claro. Cambio Radical no quiere estar el último año de gobierno en la coalición de la que se ha servido siete años. El cálculo electoral le indica que para la elección del 2018 es mejor no estar asociado con Santos y cuestionar el proceso con las Farc.
Ya su Presidente, Jorge Enrique Vélez, había anunciado su oposición al proceso que se sigue con el ELN y la determinación de no apoyar la reforma política que presentó el gobierno al Congreso como parte de la implementación del acuerdo con las Farc.
En un país serio los funcionarios que representan a Cambio en el Gobierno se retirarían y los otros partidos de la coalición entenderían roto el acuerdo que permitiría que un miembro de ese Partido presida la Cámara de Representantes en el último período.
La coalición que soportó el gobierno Santos está rota. Cambio Radical la abandonó por cálculo electoral. Santos todavía piensa que la tal deserción no existe.
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