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GUILLERMO ALBERTO GONZÁLEZ MOSQUERA
Nadie que haya seguido de cerca los últimos acontecimientos relativos a la denominada minga indígena, puede llamarse a escándalo sobre los desplantes del martes anterior en Caldono. Terminada la negociación con la comisión encabezada por la señora ministra del Interior, lo demás era un acto meramente político encaminado a demostrar el poder de convocatoria del Cric y de otros dirigentes que se aprovecharon de las circunstancias. El Procurador General de la Nación salió a evaluar la situación y encontró que no era propicia para la seguridad del Jefe de Estado. De allí que las dos partes arreciaron sus posiciones, terminando el presidente Duque tomando su avión para regresar a la sede del palacio en Bogotá, tras una declaración en que ponía punto final a las conversaciones. Otros se han encargado en sacar números a las pérdidas -de por sí cuantiosas- en materia de producción, comercio, salarios y sobre todo, del temor a que las cosas se puedan repetir en el corto plazo. Así se explica el pánico en el suministro de combustibles el martes en la noche en la capital del Cauca, en donde las largas filas dieron cuenta del nerviosismo de quienes creían que todo volvería a la desastrosa situación de las semanas anteriores, que tanto mal habían hecho a la producción.
De tal manera que no hay razones para alarmarse si se tiene en cuenta que lo sucedido fue una negociación puntual, en donde las partes se mostraron los dientes.
Ahora lo que se consigne en el plan de desarrollo dará sustento a una política indigenista en los próximos años, sin que se quede en los anaqueles como simple enunciado. Restan algunas preguntas que la opinión formula insistentemente. ¿Cuándo se repetirá el viacrucis? ¿En qué forma se procederá por parte de la dirigencia indígena? ¿Se continuará perjudicando a los terceros en discordia? ¿Se ha aumentado la brecha entre las fuerzas opuestas?
Para no dejar inconclusas las respuestas a todas estas preguntas y otras más, queda abierta es la gran discusión final sobre la capacidad que tenemos los colombianos de distinguir derechos y obligaciones, con respecto a unos pueblos que aprovechan la oportunidad para dejar los caminos expeditos para manifestarse.
La situación es más difícil si se compara con análogas en Colombia o algunos países latinoamericanos. Propongo, entonces, una lectura académica amplia y vigorosa, que se haga en las universidades, con todo lo que ella tiene de riesgo de debate inacabable, pero por lo menos dará pie a la reflexión y al pensamiento crítico del problema más grave que tiene nuestra economía local.
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